El proyecto establece que la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos tendrá 72 horas para efectuar autopsia o para remover cualquier órgano o tejido a ser donado.

En vista pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la licenciada Maricarmen Montaner, de la Asociación de Hospitales, no endosó la medida que busca crear un comité asesor para adoptar un protocolo para determinar la existencia de muerte cerebral en pacientes, ya que le preocupa que el proyecto le reste criterio a los médicos.

Las expresiones surgieron en la vista de la Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado para discutir el Proyecto de la Cámara 1577 (P. de la C. 1577). Este proyecto, que es de la autoría de la representante Lydia Méndez Silva, busca crear el comité asesor y establecer parámetros mínimos para el protocolo y término para su implementación.

La licenciada Montaner indicó que ya existen guías médicas para la determinación de muerte cerebral y procesos posteriores a la determinación.

“Esta medida, de ser aprobada, pondría en riesgo la determinación del diagnóstico de muerte basado en el criterio médico, en la medida que, a través de la promulgación de un protocolo uniforme, se puedan imponer criterios o requisitos que limiten o contravengan dicho criterio”, informó Montaner.

La licenciada expresó que mientras no se altere el criterio médico, la Asociación de Hospitales puede endosar que existan unas guías.

De igual manera, la pieza legislativa establece que la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos tendrá un periodo de 72 horas desde el momento de la certificación de la muerte para efectuar autopsia o para remover cualquier órgano o tejido a ser donado.

Para secundar a Montaner, la doctora Esther Torres, directora médica de Lifelink Puerto Rico, indicó que adoptar un protocolo de declaración de muerte cerebral con los parámetros que exige la medida, tendría “consecuencias catastróficas” para el proceso de recuperación y trasplante de órganos.

“La donación y el trasplante de órganos en la isla depende de los posibles donantes en muerte cerebral. Trabajamos en colaboración con hospitales y médicos para garantizar que todos los procesos de muerte cerebral aplicables se realicen de acuerdo con las mejores prácticas y de manera oportuna”, aseguró Torres.

Mientras que, el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), explicó que el proceso de determinación de muerte cerebral es separado de la donación de órganos y tejidos. Asimismo, indicó que la creación del Protocolo para la Determinación de Muerte Cerebral no es necesario, ya que “las personas que constituyen la Junta son expertos en el asunto que compete”. Por esta razón, el doctor no avaló la creación del protocolo.

Según se informó en la vista, actualmente hay más de 100,000 pacientes esperando un órgano para salvar su vida, y de 18 a 20 personas mueren cada día debido a la escasez de órganos.