La petición se da luego de que el Tribunal Supremo le imputara negligencia a un médico y que a consecuencia de ello una recién nacida perdiera la vida.

La secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del PIP, Adriana Gutiérrez Colón, hizo un llamado a la legislatura a actuar sobre los proyectos presentados por las delegaciones de dicha colectividad, luego de que el Tribunal Supremo le imputara negligencia a un médico y que, a consecuencia de ello, una recién nacida perdiera la vida.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la violencia obstétrica como un problema de violencia de género que involucra una violación de los derechos de la mujer en 2019.

“Desde el Partido Independentista Puertorriqueño en la Legislatura, hemos radicado varios proyectos en Cámara y Senado para trabajar y prevenir la violencia obstétrica”, dijo la dirigente política, quien dio detalles de las medidas que esperan ser aprobadas.

Se trata del proyecto del Senado 454 y el de la Cámara 947, para proclamar la política pública del gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos, así como establecer una causa de acción civil especial por daños sufridos a causa de violencia obstétrica.

Igualmente, espera ser considerado el proyecto del Senado 225 y el de la Cámara 570, que busca crear la “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas en Puerto Rico”.

“Las mujeres y personas gestantes tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados de salud, lo que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo, el parto y el puerperio, y el derecho a no sufrir violencia ni discrimen en esos contextos“, puntualizó Gutiérrez Colón.

Añadió que “la versión equitativa de este proyecto fue radicada en el 2008 por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y vetada por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá. De igual manera, el proyecto radicado en 2013 no llegó a la firma del gobernador por ambos cuerpos no concurrir en las enmiendas del mismo”.

Según la portavoz del PIP, “el proyecto actual, radicado en 2021, fue aprobado en el Senado y fue referido a la Comisión de Salud de la Cámara. Esperamos en que finalmente el proyecto se apruebe y convierta en ley, para así, mejorar las condiciones de gestación y parto de las mujeres y personas gestantes”.

Insistió en que “la violencia, el maltrato, la negligencia y la falta de respeto en el parto constituyen una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, según descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.