El Centro de Periodismo Investigativo sometió el recurso legal después de intentar sin éxito que la agencia entregue el Registro de Vacunación y otros datos.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó al Departamento de Salud (DS) para obtener acceso a la lista desglosada de la distribución de las vacunas de COVID-19 recibidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Registro de Vacunación sin los datos de información de individuos, pero con la información demográfica, municipio de residencia, centro y fecha de vacunación, y justificación para la administración de la vacuna.

El recurso legal fue presentado ayer, después de que dos periodistas del CPI, Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, intentaran desde el 15 de diciembre de 2020 que el DS entregara la información que puede ayudar a evidenciar cómo se está atendiendo la crisis del COVID-19 en Puerto Rico y qué criterios se están utilizando para las decisiones y para establecer prioridades.

El recurso destaca que una resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sugiere que los Estados “deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública” y que en las actuales circunstancias “la obligación estatal de proveer acceso a la información pública se expande para exigir el mayor escrutinio posible de las actuaciones estatales en nombre de la emergencia”.

“En el contexto específico de la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, la CIDH ha declarado que las circunstancias exigen la mayor apertura posible a la información pública en poder del Estado”, indican en la acción legal los representantes del CPI, Luis José Torres Asensio y Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti concedió al DS cinco días para contestar el recurso, a partir de la fecha de que reciban notificación formal del mismo.

“Los funcionarios del Departamento de Salud están obligados a proveer todo documento público solicitado, no solo por un medio de comunicación, sino también por cualquier ciudadano. Es evidente que hay una ansiedad muy grande entre nuestra población por lograr acceso a la vacuna, porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este asunto de salud pública amerita la mayor transparencia y el gobierno lleva un mes y medio dándole vueltas a nuestra petición. Por eso acudimos hoy al tribunal”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Alrededor del mundo, es tema de discusión quién está recibiendo las vacunas, y si hay violaciones a los criterios de prioridad que se han establecido. Incluso, funcionarios públicos y políticos han renunciado a sus cargos por la indignación pública que provoco el que se saltaran los criterios de prioridad para recibir sus dosis antes de tiempo.

La subsecretaria de Salud, y encargada del esfuerzo de vacunación en la agencia, Iris Cardona, ha asegurado que no ha corroborado casos de personas que se vacunen en violación al orden de prioridad, pero la información que el Departamento no ha entregado es la que precisamente puede confirmar eso. La Guardia Nacional ejecuta el plan de logística para administrar las vacunas, pero ha dejado en manos de Salud la fiscalización sobre el cumplimiento con el orden de prioridad.

“Es frustrante que el Departamento de Salud no pueda o no quiera explicar la forma en que ha estado distribuyendo las vacunas contra la COVID-19. Más aún cuando la confianza del pueblo ha sido minada en tantas ocasiones. Las vacunas deben de ir a los más vulnerables y es nuestro deber como periodistas fiscalizar ese proceso. ¿Qué tienen que esconder?”, sostuvo por su parte Sosa Pascual.

“El acceso a información pública continúa siendo un gran reto para la ciudadanía y para la prensa y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos dejen de ignorar este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora de la organización.

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