La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, presentó dos medidas y una petición para que el reglamento del Senado sea más estricto en su prohibición de contratos a familiares de legisladores.

Dos medidas legislativas buscan prohibir en las ramas Ejecutiva y Legislativa la contratación directa y cruzada de familiares de funcionarios públicos, a modo de combatir el nepotismo, la ignorancia al principio del mérito y la corrupción.

El problema es uno agudo que se ha manifestado en la historia de Puerto Rico en varias ocasiones y ha demostrado que los lazos sanguíneos y políticos han pesado más que el mérito.

“Muchas veces nos enfocamos en la contratación directa del funcionario con un familiar. Sin embargo, en Puerto Rico los casos más comunes se dan en su modalidad cruzada, cuando un funcionario, por su función y posición, pide que contraten a un familiar con otro funcionario. Puede ser un legislador que contrata al hijo de un alcalde y el alcalde a su vez contrata a la esposa del legislador. Esa práctica es más común que el nepotismo”, exclamó Joanne Rodríguez Veve, en referencia a una de las medidas de su autoría, titulada “Ley de Refuerzo para eliminar el nepotismo en el servicio público”.

La senadora de nuevo ingreso por el Proyecto Dignidad explicó que esa primera medida define el nepotismo y el nepotismo cruzado, además de que amplía el número de familiares que no pudiesen ser contratados, basado en las nuevas definiciones de “parejas con afectividad análoga a la conyugal”, según dispuesto en el Código Civil que entró en vigor en noviembre.

Como parte de la medida, se enmendaría la Ley de Ética Gubernamental para modificar las penalidad y los funcionarios que incurran en esta práctica se exponen a reclusión por tres años y una multa de $5,000.

Rodríguez Veve subrayó que la prohibición a este tipo de contratación debe ser más estricta en la Asamblea Legislativa, por lo que radicó un segundo proyecto de ley para restringir las dispensas que los senadores y representantes pueden solicitar para permitir la contratación de familiares.

Según la Ley 99 de 1941, el nepotismo es una práctica ilegal en la Asamblea Legislativa, salvo mediante dispensa de hasta un familiar por funcionario y deja amplia discreción a los presidentes legislativos.

“Los criterios son muy laxos. En este segundo proyecto estoy estableciendo unos criterios adicionales para hacer más rigurosa para que requieran consulta previa con miembros de comisiones de ética, que se establezca que las necesidades de servicio así lo requieren y cuando sea un puesto de difícil reclutamiento que se requiera alto nivel de experiencia y educación”, expresó Rodríguez Veve, quien añadió que el proyecto no aplicaría a empleados que lleven cinco años o más en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo a Rodríguez Veve, los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) radicaron una medida similar que suma otros criterios de elegibilidad para la dispensa, pero no impone un límite de una sola contratación por funcionario. La senadora no descartó la posibilidad de discutir o presentar una medida en conjunto, pero hasta el momento no se ha reunido con sus correligionarios.

Rodríguez Veve también envió una carta a los senadores para que esas reglas se incorporen de inmediato en el reglamento de la entrante Asamblea Legislativa.

La medida también amplía la lista de funcionarios cuyos familiares no podrán ser contratados por legisladores, a los fines de incluir a miembros de la Rama Ejecutiva, como familiares del Gobernador, Alcaldes y jefes de agencia.

Hace escasamente una semana, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció que su hermana, Caridad Pierluisi, trabajará en La Fortaleza en la Oficina del Gobernador “ad honorem”, o gratis.

En la pasada administración, varios funcionarios mantenían a familiares en la nómina pública. El hijo de la representante María Milagros Charbonier Laureano, Orlando Montes Charbonier, laboraba en la Cámara de Representantes y en el Departamento de Educación.

Raul “Raulie” Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, fue subcontratado por al menos siete agencias gubernamentales, un municipio y el Senado a través de al menos cinco compañías distintas.

La entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, tenía en nómina en el Departamento de Justicia a su yerno, Kelvin Carrasco Ramos, cuando estuvo al mando de esa agencia, mientras que sus hijas, Beatriz y Stephanie Díaz Vázquez, estuvieron en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Departamento de Corrección, respectivamente.