Columna de opinión de Víctor García San Inocencio

Puerto Rico no ha tenido nunca un gobierno propio porque es una colonia desde los primeros asentamientos españoles en el siglo XVI. Tampoco ha tenido una economía propia por haberse tratado siempre de una economía colonial. En Puerto Rico nunca se ha desarrollado esa economía, pues siempre ha estado al arbitrio, diseño e intereses de la metrópolis. De ahí, que durante siglos, la dependencia y la pobreza hayan sido su signo y seña.

Por otro lado, los remezones de la economía y nuestros flujos migratorios completan el cuadro de una economía colonial tan frágil. con una base de capital local privado endeble, mayormente imbuido en el mercado especulativo financiero, y con una base productiva local poco eslabonada, lo que hace del desempleo y del subempleo una condición endémica..

Casi un siglo después en el 2020, un número significativo de puertorriqueños, cerca de la mitad, son titulares sólo de sus casas, aunque la mayor parte esté hipotecada, tenga deudas contributivas, haya perdido valor vertiginosamente, o estén en algún procedimiento de ejecución.

Por otro lado, la riqueza propietaria acumulada multi generacionalmente a través de las obras y las adquisiciones públicas está siendo saqueada por políticas públicas privatizadoras, que lejos de librar al gobierno de cargas, restringen su capacidad de servir, encarecen los costos que éste asume, y aumentarán los que tendrá que pagar cada ciudadano.

El cuadro descrito –que es aluvial y que también se precipita– tampoco permite hoy, contar con una economía y gobierno propios, e impide crear las condiciones para reducir la dependencia y la pobreza, en el futuro cercano.

La economía de Puerto Rico en los últimos 100 años ha tenido tres elementos que han servido para crear su raquítica base, a saber, el endeudamiento, la inversión a veces experimental privilegiada, y durante medio siglo, la repatriación incontrolada de ganancias exentas al capital estadounidense. Esta guarnición se ha aderezado con transferencias para obras de guerra, dos ciclos reconstructivos, fondos para incentivar la dependencia, y el crecimiento desarticulado de una planta industrial al servicio del capital.

Un sistema instructor-educativo “a la americana” –siguiendo sus narrativas y concepciones del sujeto, la propiedad y la riqueza– acompaña a varias generaciones de puertorriqueños, quienes han optado por necesidad, intuición o decisión emigrar y quedarse en los EEUU.

Sin ser poco lo anterior, Puerto Rico está inmovilizado por la ley PROMESA, una Junta de Control Fiscal botarata al servicio de los acreedores cuya mayoría dictará en los próximos días el saliente presidente Trump, haciendo más duros los planes fiscales de ajuste. La primera nueva línea colapsante del gobierno colapsado será la mayor parte de los municipios los cuales no podrán asumir el costo pospuesto de los planes de salud, ni el pago de las pensiones de sus empleados.

Seguirán otras medidas de despidos, desabastecimiento y recorte de pensiones.

El doblemente cuasi gobierno entrante, como si fuera poco, añade a los desafíos heredados –pandemia, terremotos, huracanes, fuga del gobernador, interinato aparatoso, congelamiento de los fondos de reconstrucción, incertidumbre electoral y fraccionamiento, medidas asfixiantes de la Junta– las visiones privatizadoras puestas en movimiento hace más de dos décadas y varios asuntos que enumeraré sobre los cuales la ciudadanía y la Rama Legislativa deben abrir bien los ojos y dejarse de chiquitas.

Fui legislador y asesoré allí por casi un cuarto de siglo, y aunque parezca inimaginable, es en la transformación del foro legislativo, y en brindar verdadera apertura participativa a la ciudadanía donde radica y se asienta el futuro nuestro.

Es en su audacia, conciencia, apertura y generosidad cívica donde radica buena parte de las oportunidades de la Patria para levantarse de su postración.

El liderato legislativo y cada legislador tendrán que situarse a una altura de miras nunca antes mostrada en los pasados cien años. Deberán ser capaces de democratizar de veras abriendo al gobierno a una revolución participativa. Asimismo, deberá abrir brecha frente al entreguismo juntoso financiero, e ir a negociar la cancelación completa de la “deuda” a través de su asunción por un empréstito del Departamento del Tesoro.

El Pueblo junto al Legislativo deben tener claro y obrar para que:

Primero: No pueden dejarse destripar –de vísceras y de lo demás– por la Junta de Supervisión Fiscal, ni por la jueza de la Quiebra.

Segundo: Deben tener conciencia que endeudarse con condiciones incumplibles, o aceptar deudas no auditadas en este escenario –en una sola palabra: crear nueva deuda transformando la vieja– es una forma cíclica de privatizar, ante la imposibilidad de cumplir con las condiciones impuestas.

Tercero: Deben aceptar que el país empobrecido ya no soporta, ni puede aguantar más el desequilibrio de la carga fiscal, donde las contribuciones individuales cargan excesivamente –algunos calculan en casi un 70%– el costo gubernativo.

Cuarto: Por contraste, el subsidio contributivo del gobierno , lo que le cuestan sus exenciones y misas sueltas –hay decenas de resortes y escondrijos– anda por cerca de los 17 mil millones de dólares anuales.

Quinto: Estar conscientes que las corporaciones foráneas repatrian más de 35,000 millones de dólares al año, tributando de forma misérrima al fisco local en medio de una pobreza e inequidad profundas.

Sexto: Crear conciencia de que las corporaciones “públicas” han sido sub-privatizadas durante años mediante contrataciones leoninas de servicios, muchos de los cuales pueden y pudieron prestarse por sus empleados. Son una fuente de endeudamiento que grava el bolsillo de los consumidores.

La práctica de ceder la Administración, pagar por ello, ceder billones de dólares de reconstrucción y permitir el control privado de corporaciones públicas, sin siquiera invertir un centavo, pervierte toda forma y concepto de Administración Pública, y de manejo de los recursos públicos para fines públicos. Semejante supragobierno con una forma propia de tributación y sostenimiento: tarifas y sus aumentos, desafía las formas más draconianas de un sistema de negociación.

Octavo: Posponer la puesta en práctica del principio de mérito en el empleo y en la contratación pública, y su fiscalización continua, representa profundizar la erosión y el atraso de desarrollar un gobierno y economía propios.

La Asamblea Legislativa fragmentaria que se inaugura en enero –con una robusta participación y colaboración ciudadana– tiene su misión y tarea histórica más importante. Fiscalizar, auditar, vigilar el cumplimiento de sus mandatos, realizar investigaciones a granel, y exigir y rendir cuentas, y negociar la salida del colapso descrito con el Ejecutivo federal; y con el Congreso, y, acabar con la condición colonial que nos arroja continuamente al abismo.

En un mundo razonable y normal esta debería ser una tarea compartida con el Ejecutivo. Pero se vive en el país un momento paradójico en que el gobernador electo fue abogado de los cabros y quizás quiera obsequiarles las lechugas.