Entre las propuestas que evalúa el Gobierno está dejar en manos de las empresas reconocer si pueden operar o no con una flexibilización del proceso de cuarentena.

La comentada flexibilización de la cuarentena por parte del Gobierno de Puerto Rico podría estar fundamentada en encuestas hechas por el sector privado a sus empleados referente a cuán preparados están para retomar sus labores en medio de la pandemia del coronavirus, o COVID-19.

Con estos datos, el gobierno podría otorgar un tipo de voto de confianza a las empresas para que se auto certifiquen y determinen si pueden operar bajo los parámetros requeridos en esta nueva normalidad, como lo es la venta de productos por entregas y los servicios a base de citas.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, explicó que ambos —darle validez a las encuestas e implementar las auto certificaciones— son parte de las recomendaciones que evalúa el “Task Force” Económico creado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

“Ellos hicieron una encuesta con distintos patronos. De hecho, pudieron tener el insumo de 52,000 empleos, personas que están trabajando, sobre cuáles son las medidas que se están tomando, qué medidas se han tomado en términos de cambio de operación, cambio de modelo de negocios, que se valide que se están tomando las medidas básicas, el distanciamiento, el trabajo remoto, lo que tiene que ver con la higiene personal, utilización del equipo de protección personal. O sea, ellos han podido levantar mucha data, data práctica, data real y obviamente conforme a eso y conforme a ese índice de riesgo de cada sector y conforme a las mejores prácticas que se están viendo en otros lugares es que se están viendo estas recomendaciones”, abundó Laboy Rivera en conferencia de prensa y a preguntas de NotiCel.

Durante esa misma conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció una disminución en el número total de casos de COVID-19 registrados en la Isla, debido a que los datos estaban incorrectos.

El cambio podrían significar una modificación en la proyección a largo plazo de la proliferación de este mortal virus en la Isla, por lo que los datos que maneje el sector privado también podrían tener un margen de error.

El Secretario del DDEC justificó que algunos sectores están acostumbrados a cumplir con regulaciones estrictas de la Administración federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), por lo que se les ha recomendado la llamada auto certificación.

“Lo que se estaría proponiendo es que cada patrono tiene que hacer un análisis de su industria, conforme a lo que es su sector, de lo que es el historial de sus empleados, cómo corre el negocio, qué tipo de protección personal necesita, qué cambios necesita desde el punto de vista físico, si puede maximizar el trabajo remoto”, describió Laboy Rivera, entre otros criterios.

Con esta medida, según el Secretario del DDEC, el Estado se reserva el derecho de evaluar como entienda pertinente el cumplimiento del sector privado con lo acordado. Basado en sus declaraciones, el castigo a estos comercios se asemejaría a lo que ha hecho el Departamento de Hacienda, que ha suspendido licencias para vender bebidas alcohólicas a establecimientos que han violentado la Orden Ejecutiva 2020-29, que impuso el toque de queda y la cuarentena.

Entretanto, Laboy Rivera aseguró que la prioridad es realizar una apertura «ordenada y responsable», con la salud como prioridad.

El martes en la mañana, la Gobernadora aseguró que en días subsiguientes presentaría “un plan responsable para iniciar algunas actividades económicas”, toda vez que el sector privado acrecentó su presión pública en favor de dicha apertura.

Ambas propuestas surgieron el mismo día en que se reportaron 64 muertes por COVID-19 y al menos dos semanas antes de registrarse el día “pico” de casos en la Isla, según proyecciones del Departamento de Salud y del “Task Force” Médico que asesora a la Primera Ejecutiva en esta emergencia.