Apenas un día antes de la publicación del artículo del New York Times que señala el vínculo entre el matrimonio Pierluisi Carrión y Och-Ziff Capital Management, el Wall Street Journal (WSJ) reseñó la intención del Departamento de Justicia federal de obligar a esa empresa inversionista a declararse culpable de soborno con la posibilidad de recibir sanciones civiles por unos $400 millones.

Las acciones del gobierno federal contra los clientes de la firma consultora propiedad de María Elena Carrión tienen su raíz en una investigación de transacciones hechas por dos oficiales de la compañía Och-Ziff Capital que entregaron dinero al régimen del extinto dictador libio Muamar el Gadafi, quien luego hizo inversiones de capital a la empresa ascendientes a unos $300 millones.

Se le investiga además por pagos a oficiales del gobierno de Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo, país donde la firma financió contratos de minería y petróleo. Según el WSJ, la empresa también realizó préstamos a las compañías de un magnate israelí por $234 millones, dinero que fue desviado a Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas para finalmente usarse como soborno.

Los reguladores de valores de bolsa estiman las ganancias ilegales producto del intercambio con el gobierno libio y otros países africanos en unos $400 millones. Och-Ziff Capital por su parte, negocia un acuerdo con Justicia federal alegando que las ganancias eran menores a los $100 millones y que sus funcionarios obraron por su propia cuenta. De acuerdo al WSJ, la firma negocia un acuerdo de enjuiciamiento diferido que permitiría que se le desestimaran los cargos de lograr pasar un tiempo razonable sin incurrir en conducta ilegal nueva.

Och-Ziff es la más grande de las empresas estadounidenses inversionistas en fondos de alto riesgo y que cotizan en los mercados, con unos $42 mil millones en activos.

Documentos provistos por la oficina del Comisionado Residente muestran visitas de cabilderos de la firma Och-Ziff Capital Management que es a su vez uno de los clientes de la compañía Multicultural Capital, propiedad de la esposa de Pierluisi.