El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió prolongar la batalla por las medidas migratorias del presidente Barack Obama, al conceder a los estados detractores ocho días más para explicar por que no quieren regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país.

Un portavoz del Departamento de Justicia indicó hoy a Efe que el Alto Tribunal, a última hora del martes, se negó a conceder 30 días de prórroga a la coalición de 26 estados, en su mayoría con gobernadores republicanos y que ya consiguieron que el ‘alivio’ migratorio se suspendiera temporalmente en tribunales inferiores.

En vez de 30 días, la máxima instancia judicial del país aceptó conceder a los estados ocho días adicionales -que se suman a los 30 que ya tienen- para defender en su escrito judicial los daños económicos que supuestamente sufrirían al expedir licencias de conducir a los indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.

El tiempo se ha convertido en un factor clave, pues si los nueve jueces del Tribunal Supremo aceptan en enero escuchar el caso y deciden en junio de 2016 sobre las medidas de Obama, decretadas hace un año, el mandatario podría frenar las deportaciones antes de abandonar la Casa Blanca, en enero de 2017.

En ese caso, el Tribunal Supremo emitiría, a casi seis meses de las elecciones presidenciales, su veredicto sobre los indocumentados, que se han convertido durante la campaña en un arma arrojadiza entre los candidatos republicanos y demócratas.

Los comentarios despectivos de aspirantes, como el magnate Donald Trump, que propuso la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de 11 millones de indocumentados, han encendido a la comunidad hispana, cuyo voto podría ser crucial para decidir al próximo inquilino de la Casa Blanca.

Con el objetivo de presionar al Supremo, una coalición de 224 organizaciones defensoras de los inmigrantes presentó el martes un escrito, en el que narran la historia de éxito de diferentes indocumentados como Jose Antonio Vargas, de origen filipino y ganador de un premio Pulitzer en 2008.

Mientras la batalla se afila en la arena política y judicial, en el Tribunal Supremo está el futuro de las personas que se beneficiarían del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), actualmente bloqueado y dirigido a los padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.

En las manos del Supremo está también el plan de Acción Diferida (DACA), destinado a los jóvenes indocumentados, conocidos como ‘dreamers’ (soñadores), que llegaron al país siendo niños.

Lo que se encuentra suspendido de este último plan para jóvenes creado en 2012 es la ampliación que dictó Obama hace un año con el objetivo de que tuviera más beneficiarios.

El presidente se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma en ese terreno.