Si la nueva administración continúa con su objetivo de cambiar los planes de jubilación y modificar los beneficios de los pensionados dentro del Sistema de Retiro Central, al final del día Puerto Rico experimentará un aumento en los niveles de pobreza, que actualmente rondan el 45.6%.

Así concluyó en entrevista con NotiCel, Karen Castro, catedrática auxiliar del Departamento de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas, de la Universidad de Puerto Rico.

El plan presentado por el Ejecutivo mediante el Proyecto del Senado 421, busca cambiar a partir del 30 de junio a los participantes de las leyes 447 y 1, a un Programa Híbrido de Contribución Definida, en vez de beneficios definidos como gozan actualmente.

Supuestamente el plan es que todo lo que usted haya acumulado hasta esa fecha se le va a honrar, pero a partir del 1 de julio sus aportaciones pueden ser utilizadas por el Sistema para inversiones en búsqueda de mejor rendimiento, si ocurren traspiés en la bolsa de valores, usted asume el riesgo. En ese sentido, el sistema híbrido de contribución definida es algo parecido a la Reforma 2000.

Castro explicó que el plan de beneficios definidos que actualmente provee la leyes 447 y 1, ‘lo que significa es que el patrono va a mantener un sistema de ahorro, por ponerlo así, con un fondo en donde se va a ir acumulando una serie de activos, para que llegada la fecha de retiro del empleado, el patrono le vaya haciendo unos pagos que se les prometió a base de un por ciento del salario de ese empleado, durante sus últimos años de trabajo’.

Es decir el patrono es el responsable de acumular los fondos necesarios para que el empleado se pueda retirar con lo que se le prometió. En este plan tanto el patrono como el empleado pueden aportar a ese fondo, o simplemente el empleado.

Mientras, en el de contribución definida como quiere implantar ahora el gobernador Alejandro García Padilla, ‘el patrono te dice ‘yo te voy a dar esto y lo vamos a poner en ese potecito y tu vas a poner esa porción’. No necesariamente el patrono va aportar, pero en ocasiones si lo hace. Ambos contribuyen al pote, y lo que quede en el pote cuando se retira el empleado, eso es lo que se le va asignar la pensión’.

En este caso en el tiempo que todavía el empleado no se ha retirado, esos fondos que ahora provienen de sus aportaciones del 10%, se usan para invertir en instrumentos de mercado, como los bonos y acciones. Si las acciones pierden valor, se va ir reduciendo el pote que al final del día se lleva el empleado cuando se retire. De hecho, aparte de la aportación compulsoria del 10%, el empleado puede hacer aportaciones adicionales a su plan.

Castro trajo a la atención que en la Reforma 2000, la mayoría de los empleados tenían un plan de beneficios definidos por las leyes 447 y 1.Pero hubo algunos que durante el cambio a la Reforma 2000, decidieron modificar su plan a uno de contribución definida, y esto redundó que en algunos casos se retiraran con pensiones absurdas como de $4.

A preguntas del impacto en las pensiones, si este tipo de plan hubiera estado ya vigente para los participantes de las leyes 447 y 1, en el 2008 cuando hubo la caída de la bolsa de valores y se hicieron las tres perdidosas emisiones de Retiro, concordó que las pensiones de esos retirados hubieran sido relativamente bajas.

Aunque en el Programa Híbrido de Contribución Definida el patrono hace una aportación de un 12.275%, que aumentará 1% anualmente, estos fondos se inyectan a las arcas del Sistema para aumentar sus activos, reducir su déficit actuarial y dar estabilidad al Sistema para poder cumplir sus obligaciones futuras.

De otro lado, al hablar de la propuesta de que a los participantes de la Reforma 2000, que ahora a partir del 1 de julio sino tiene 60 años de edad,

cuando se retiran en vez de cobrar un pago global lo acumulado en su cuenta de ahorro se les distribuye en anualidades, Castro aseveró que esto tendrá un impacto neto en las pensiones.

‘Claro que sí, porque van a ser pensiones de limosna. Van a ser pensiones empobrecidas por completo. El patrono que es el Gobierno, no va a estar haciendo aportaciones, aparentemente. O sea que solamente va a estar aportando el empleado una porción de su salario. Y eso no va a dar para acumular ingresos suficientes para el Retiro’, apuntó.

Estos conllevará que los empleados cuando se retiren este en una situación de ‘mendigar’.

Hay que recordar que el Gobierno pretende hacer reducciones en los beneficios de las Leyes Especiales, que se distribuyen en unos por cientos para los que tienen pensiones de menos de $1,500 mensuales y otros para los que devenguen más.

Para los que devenguen $1,500 o menos mensualmente, se les va a reducir el bono de Navidad de $600 a $400, y la aportación patronal al plan médico de $100 a $50.

No obstante, aumenta el bono de Medicamentos de $100 a $125. Y en el caso de las personas con pensiones de $400, se les incrementa a $500.

En el caso de los pensionados con pensiones sobre $1,500 mensuales, el bono de Navidad se reduce de $600 a $200, y se les elimina el bono de Medicamentos y la aportación al plan médico.

También en el Proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, el pasado jueves, consta que se eliminó el bono de Verano para todos los pensionados no importa sus ingresos mensuales.

Ante este cuadro de recortes sin equiparar los ingresos, Castro prevé que muchos hijos que actualmente trabajan tendrán que sacar una parte de su presupuesto para mantener a sus padres retirados.

Esta sostuvo que tiene estudiantes que están considerando mudarse fuera de Puerto Rico, ante la posibilidad de que un futuro no tengan un retiro digno, si se deciden quedar trabajando con el Gobierno o incluso en la empresa privada, considerando que los planes 401k, también representan un panorama similar.

El problema de pobreza se acrecentaría en el país, al considerar que no hay una justicia en la distribución de las riquezas ni unas garantías de acceso a una alimentación y servicios de salud adecuados, observó Castro.

Y planteó que a la larga el Estado tendrá que atender el problema de la pobreza y el deficiente acceso a los servicios de salud y alimentación que pudieran sufrir los futuros retirados.