Durante las vistas que celebró el miercoles la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en torno a los Proyectos de la Cámara 2032, 2838, 2839 y 2840, la Puerto Rico Association of Realtors (PRAR), solicitó que se elimine el cobro del impuesto de ventas y uso (IVU) de cuatro por ciento a los servicios de bienes raíces, que entró en vigor el pasado año y que según legislado, será remplazado en junio por un impuesto al valor añadido (IVA) con una tasa de 10.5 por ciento.

Vanessa Rivera, presidenta de la PRAR, destacó durante su ponencia el impacto significativo a la industria de bienes raíces que ha tenido el impuesto del 4 por ciento, que dificulta la adquisición de viviendas y frena el movimiento del inventario de propiedades.

‘Ante la situación actual de la economía puertorriqueña y especialmente la delicada Industria de Bienes Raíces, este nuevo impuesto está teniendo y tendrá consecuencias muy adversas, especialmente en el sector de nueva construcción, las reventas y los arrendamientos’, dijo Rivera en un comunicado de prensa.

Según explicó Rivera, algunos de los efectos adversos a esta industria durante los últimos años son la reducción significativa de los valores de las propiedades año tras año, la merma de construcción de residencias y edificios, proyectos nuevos que no se logran vender, el difícil acceso a crédito, el incremento de la morosidad, así como las decenas de miles de ejecuciones de hipotecas.

Añadió que, el panorama se complica aún más con la salida de cientos de miles de puertorriqueños de la Isla, los cuales se han mudado a los Estados Unidos y otras naciones en búsqueda de mejores trabajos y calidad de vida. Esto agrava el problema porque la mayoría de las personas que están emigrando son altamente educadas y capacitadas, y están en su edad más productiva. Para la Industria de Bienes Raíces, esta estadística es bien desalentadora ya que precisamente estas personas componen el sector demográfico más grande que alquilan o compran propiedades inmuebles por primera vez, tanto en proyectos nuevos como propiedades de reventa.

Mencionó que, los proyectos bajo consideración de la comisión cameral, que preside el Honorable Rafael Hernández Montañez, buscan imponer mecanismos alternos a la ley vigente que cambiará el IVU por un IVA y aumentará el monto del impuesto vigente.

Detalló que en una encuesta realizada por la National Association of Realtors, un 79 por ciento de los encuestados se oponen al incremento en la tasa del IVU de un 7 por ciento a un 11.5 por ciento. Más aún, un 84 por ciento se oponen al nuevo impuesto en los servicios profesionales designados.

‘En términos generales no estamos en contra de que el gobierno tome las medidas necesarias para aumentar sus recaudos a través de nueva legislación o mejores mecanismos de captación. No obstante, tenemos una obligación de velar por los intereses de la Industria de Bienes Raíces y por las familias puertorriqueñas que deciden hacer una de las inversiones más grandes de sus vidas que es la compra de su hogar. Recalcamos que el impuesto a los servicios de bienes raíces está teniendo grandes repercusiones en la Industria, afectando al consumidor puertorriqueño, por lo que solicitamos la eliminación total del cobro de dicho impuesto’, concluyó Rivera.