Una demanda federal radicada por operadores de máquinas de entretenimiento para adultos detalla supuestos episodios de ‘tantrums’, amenazas y confiscaciones ilegales por parte del entonces secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, quien ahora espera confirmación como Inspector General.

Las alegaciones proveen una mirada trasbastidores aparte de los sucesos alrededor de la controversia por la videolotería, la propuesta con la que se supone que se cuadraría el presupuesto del año pasado. Los demandantes -Pablo Rivera Corraliza, Carlos Cruz Alverio, Jaime Rodríguez Vega, Ellis Linfernal Cruz y Ricardo Hernández Echevestre- piden $7.2 millones en compensación e incluyen a otros seis agentes de Hacienda.

Según el pliego, todo comenzó a partir de julio de 2009 cuando, en una reunión en la oficina del senador Ramón Diaz, Puig les dijo que quería que las máquinas electrónicas de adultos estuvieran en manos puertorriqueñas y no en manos de ‘gángsters extranjeros’. Esta es la misma postura que fomentaba Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial (EMPRECOM), de la cual Rivera es presidente y algunos demandantes son miembros.

A los pocos días, en una reunión en la oficina de la senadora Migdalia Padilla, la actitud del Secretario fue otra y le dijo al grupo que iba a confiscarle todas las máquinas, no importa que tuvieran licencias al día. Ante esta presión, los miembros de EMPRECOM comenzaron a negociar con Caribbean Cage (CC), una empresa de Islas Vírgenes que a su vez estaba negociando con el gobierno para encabezar el proyecto de la videolotería.

En medio de esto, y en una reunión en Hacienda, Puig amenazó a la junta de EMPRECOM con procesamiento criminal, a la misma vez que les hablaba de las virtudes de CC y lo positivo que sería si negociaban con ellos.

EMPRECOM llegó a un acuerdo preliminar con CC, se detuvieron las confiscaciones y las máquinas confiscadas fueron devueltas. En agosto de 2009, durante una segunda reunión en Hacienda, Rivera informó a Puig que se salían del negocio con CC porque no se había cumplido la promesa de que las máquinas nuevas no iban a tener que pagar regalías. Fue entonces cuando Puig ‘explotó’ y gritó que no iba a dejar que EMPRECOM le saboteara el negocio con CC. ‘Las máquinas de entretenimiento para adultos se acabaron en Puerto Rico… me las voy a llevar a todas’, gritó.

La demanda añade que esto inició un proceso de acusaciones públicas y amenazas por parte de Puig, así como confiscaciones específicamente de las máquinas de los directivos de EMPRECOM sin orden judicial, sin completar el proceso administrativo y sin que se hiciera un solo referido criminal al Departamento de Justicia.

Entre los incidentes, resalta que el 26 de febrero de 2010, agentes de Hacienda confiscaron cinco máquinas propiedad de Rivera en el Baturro Liquor Stores y, en medio del operativo, Rivera recibe una llamada de Puig. ‘Cómo se están portando los muchachos?’, dijo Puig. ‘Ahí está Víctor Pérez?’, dijo en referencia a uno de los agentes, ‘Víctor es un buen muchacho’, añadió antes de cambiar el tema.

‘El hecho de que no hubo (referidos a Justicia) significa que esas confiscaciones son ilegales’, concluye el pleito radicado el 25 de febrero.