La advertencia coincide con un aumento en las quiebras. Según datos citados por las organizaciones, en septiembre se registraron 551 casos, 5.8% más que en el mismo mes de 2025.

Representantes de organizaciones empresariales y de desarrollo económico advirtieron que más de 12,000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar en Puerto Rico y provocar la pérdida de unos 70,000 empleos si persisten los altos costos de electricidad y la falta de confiabilidad del servicio.

La proyección fue presentada por el Centro Unido de Detallistas durante un encuentro multisectorial celebrado en su sede, con participación de la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio, Colmena66, FIDECOOP, la Alianza Municipal de Servicios Integrados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y YESS!.

“Estamos ante una situación de extrema urgencia”, afirmó Alan Taveras Sepúlveda, presidente del CUD, al señalar que detrás de cada negocio hay familias, trabajadores y comunidades que dependen de su continuidad.

La advertencia coincide con un aumento en las quiebras. Según datos citados por las organizaciones, en septiembre se registraron 551 casos, 5.8% más que en el mismo mes de 2025. De mantenerse la tendencia, el año podría cerrar con aproximadamente 6,263 quiebras, la cifra más alta en siete años.

Entre las alternativas discutidas figuran eliminar la crudita -planteamiento rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal-, evaluar el uso temporal de reservas gubernamentales para reducir la factura eléctrica y crear créditos e incentivos para las Pymes mediante agencias y fondos disponibles.

En infraestructura, el grupo propuso aumentar la capacidad de almacenamiento de combustible, evaluar la renovación del contrato con AES y diversificar las fuentes de generación mediante alternativas marítimas, energía nuclear modular y renovables. También planteó desarrollar cooperativas energéticas con microrredes y utilizar terrenos de vertederos para proyectos bajo modelos cooperativos.

Las recomendaciones incluyen mayor transparencia en los contratos energéticos, análisis de demanda y costos por sector económico y programas educativos para que los negocios adopten prácticas de eficiencia energética.

Las organizaciones adelantan reuniones con el liderato legislativo, la Junta de Supervisión Fiscal y La Fortaleza para presentar las propuestas y reclamar acciones dirigidas a reducir los costos de energía y proteger la continuidad de los negocios locales.