La medida del representante Gabriel Rodríguez Aguiló busca evitar juicios anticipados y proteger los derechos de los imputados; ahora pasa al Senado.

La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1211, que propone prohibir las transmisiones en vivo de las vistas de causa probable para arresto y las vistas preliminares en Puerto Rico, con el argumento de proteger el debido proceso de ley y evitar que la exposición mediática de estas etapas judiciales afecte la celebración de un juicio justo.

La medida, de la autoría del representante por acumulación Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal para prohibir la transmisión, difusión, retransmisión o publicación en tiempo real de estos procedimientos mediante medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales u otros mecanismos tecnológicos.

Según el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), la exposición pública de estas vistas puede generar opiniones anticipadas sobre la culpabilidad de los imputados, influir sobre posibles integrantes de un jurado y afectar la seguridad de los testigos.

“Tenemos que reconocer que una vista preliminar no es un juicio y que en esa etapa tampoco se presenta toda la prueba de un caso”, sostuvo Rodríguez Aguiló al defender la propuesta.

El representante aclaró que la medida no busca eliminar el carácter público de los procedimientos judiciales ni impedir el acceso de la prensa a los tribunales, sino establecer límites a su transmisión en tiempo real.

La prohibición aplicaría a las partes involucradas, sus abogados, los medios de comunicación y cualquier persona con acceso al procedimiento. El incumplimiento podría constituir desacato al tribunal y conllevar sanciones.

No obstante, la propuesta contempla que los tribunales puedan autorizar transmisiones para fines estrictamente educativos o de supervisión judicial.

Rodríguez Aguiló indicó que la iniciativa surgió luego de conversaciones con fiscales, jueces y otros profesionales del sistema judicial, quienes plantearon preocupaciones sobre el efecto de estas transmisiones en el desarrollo de los casos.

Entre los riesgos mencionados figuran la posible contaminación de los jurados, la influencia sobre testigos que todavía no han declarado y las presiones que podrían enfrentar los jueces durante los procedimientos.

De convertirse en ley, el proyecto concedería al Tribunal Supremo de Puerto Rico un plazo de 90 días para adoptar las normas y reglamentos necesarios para su implementación.

Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el Proyecto de la Cámara 1211 pasa ahora al Senado para su evaluación y consideración.