Y atraso en la implementación de un sistema ERP con una inversión de fondos públicos por más de $63.9 millones

La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, publicó hoy una auditoría en que se señala que identificó en el Departamento de Hacienda pagos indebidos por concepto de reembolso de gastos a una compañía contratista.

Estos señalamientos surgen tras detectarse fallas en la supervisión, certificación y preintervención de facturas públicas.

Puede ver la auditoría aquí:

La auditoría es la OC-27-31 y cubre el periodo del 25 de julio de 2018 al 14 de marzo de 2025. Durante ese periodo fungieron como secretarios: Raúl Maldonado Gautier, Teresita Fuentes (quien asumió brevemente a finales de 2018 tras la salida inicial de Maldonado), Raúl Maldonado Gautier (segundo término, de enero a junio de 2019), Francisco Parés Alicea (del 24 de junio de 2019 al 31 de enero de 2024), Nelson Pérez Méndez (interino, desde febrero de 2024 hasta enero de 2025) y Ángel Pantoja Rodríguez (designado en enero de 2025 y confirmado posteriormente).

Según un comunicado de la Contralora, el 25 de julio de 2018 Hacienda otorgó un contrato inicial por $9,000,000 (vigente hasta el 30 de junio de 2019), que destinaba $8,220,000 a servicios profesionales y $780,000 a reembolsos de gastos para cinco proyectos claves, entre ellos, la reimplementación del sistema ERP, asistencia en las operaciones bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), transformación tecnológica, desarrollo de la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno (OCFO) y mejora de ingresos conforme a los requisitos del nuevo Plan Fiscal.

Posteriormente, mediante tres enmiendas suscritas el 21 de noviembre, el 11 de diciembre de 2018 y el 3 de abril de 2019, el importe total del contrato aumentó a $46 millones, fijando un límite de $3,780,000 para la partida de reembolsos de gastos. El secretario auxiliar de Contabilidad Central del Gobierno fungió como administrador del contrato y certificador de las facturas.

Por concepto de este contrato y sus enmiendas, el Departamento desembolsó $3,431,199 reclamadas en 17 facturas presentadas, entre el 9 de mayo y el 26 de septiembre de 2019. Al examinar una muestra de 175 transacciones equivalentes a $45,385 en gastos reclamados, los auditores determinaron que el 100% de las transacciones presentaban anomalías, destacando la falta de documentación válida que justificara 52 transacciones ($10,025) por concepto de boletos aéreos y gastos de alimentos, alojamiento e incidentales. Además, se detectaron 46 transacciones con discrepancias e incongruencias con la información detallada en la documentación presentada ($11,086). Entre estas, se identificaron transacciones con discrepancias en fechas (de hasta 46 días), diferencias de montos frente a la documentación de respaldo y cobros en exceso en alimentos donde no se pudo validar el nombre del consultor.

La auditoría también reveló 19 transacciones sobre gastos no elegibles o irrazonables ($3,839) para los cuales no se presentó evidencia de autorización previa o justificación. Entre estas, transacciones de hospederías ubicadas fuera de Puerto Rico, consumo de bebidas alcohólicas ($588), alquiler de vehículos en días no laborables, suscripciones tecnológicas y el costo por penalidades debido a cambios en fechas de vuelo.

El Departamento también reembolsó gastos por $7,324 que excedieron los límites de tarifas establecidas en el contrato sin autorización previa y por escrito y una transacción en la que se reutilizó un documento de respaldo de $689 para justificar doblemente transacciones distintas dentro de una misma factura. Además, se detectaron 143 transacciones de facturación tardía ($41,509), y reclamos procesados con demoras de entre 17 y 186 días posteriores al término límite acordado de 30 días tras la realización de los viajes.

Por otro lado, la Contralora advirtió, como un comentario especial, de un atraso en la implementación del sistema ERP para centralizar los datos financieros del Gobierno bajo una sola cuenta, según requerido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

Al 10 de marzo de 2025, se había desembolsado $62,961,794 y luego de concluir la auditoría, otorgó siete enmiendas adicionales para la asignación de $12,000,000 y extender la vigencia hasta marzo de 2027. Transcurrido nueve años desde el inicio del proyecto de reimplementación en el 2017 y tras una inversión millonaria, el sistema no ha sido implementado en su totalidad. Al 17 de agosto de 2026, la primera fase del proyecto estaba en un período de estabilización técnica y funcional.

Esta incluye el monitoreo del desempeño de la solución, la atención de incidentes y la implementación de los ajustes necesarios para asegurar la continuidad operacional y la adopción efectiva de los procesos. Además, la segunda fase, que incluía la implementación del módulo Human Capital Management, componentes adicionales del módulo de Gestión de Cadena de Suministro y otras tareas necesarias para la implementación, se programó para ser puesta en producción (go-live) en enero de 2027.