«Expone las serias consecuencias que conllevaría cualquier intento de cancelar de forma abrupta dicho trato, el inminente peligro de que se paralicen los desembolsos de fondos federales necesarios para invertir en la red y la precariedad laboral que enfrentarían sobre 4,000 puertorriqueños», lee un comunicado de LUMA.

LUMA radicó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico su Alegato en Oposición, que responde cada señalamiento que presentó el Gobierno en su intento de anular la carta-extensión de un contrato suplementario.

La empresa señaló en un comunicado que el gobierno quieren deshacerse de la privatizadora sin que exista un plan viable con un sustituto capaz de asumir la operación y mantenimiento de la red de transmisión y distribución y que ignora el daño a la estabilidad energética y al bolsillo de los 1.5 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales.

El escrito legal de 65 páginas también revela el grave impacto económico contra el erario que ocasionaría dar por concluido un acuerdo válido, el cual sobrepasaría los $1,300 millones en pagos que el Estado no tiene y que serían transferidos a los ciudadanos. Asimismo, expone las serias consecuencias que conllevaría cualquier intento de cancelar de forma abrupta dicho trato, el inminente peligro de que se paralicen los desembolsos de fondos federales necesarios para invertir en la red y la precariedad laboral que enfrentarían sobre 4,000 puertorriqueños que trabajan en la reconstrucción del sistema eléctrico.

Además, el documento detalla el proceso legal y administrativo que, hace más de tres años, llevó a la aprobación del acuerdo cuya validez ahora se intenta impugnar por, según LUMA, «motivaciones políticas y promesas de campaña hechas por la administración de turno sin tomar en consideración el bienestar colectivo».

“Este Honorable Tribunal tiene la oportunidad —y el deber— de poner fin a la incertidumbre creada por dos demandas inmeritorias que reclaman que se decrete la nulidad de la extensión de un contrato que es perfectamente válida”, lee parte del recurso legal para sostener que la solicitud del Gobierno implica desestabilizar el sistema de energía eléctrica en la isla.

“Esta Máxima Curia debe rechazar el intento de tratar una alianza público-privada sobre un servicio esencial como un mero balón político, con todas las consecuencias prácticas sobre las que el Poder Judicial tendría que asumir responsabilidad. Al contrario, este Tribunal viene llamado a decidir a base del derecho aplicable, sin influencia de un cálculo electoral y sopesando las consecuencias de sus decisiones para las partes y la sociedad en general”, añade el escrito.

El principal oficial legal de LUMA, Ángel Rotger Sabat, aseguró que la petición de nulidad es improcedente, impracticable y atenta contra el principio más básico de la prudencia.

«El Tribunal Supremo tiene ante sí la oportunidad histórica de preservar la seguridad jurídica de los acuerdos con el Estado que obran en beneficio del pueblo puertorriqueño, deteniendo el intento de anular la extensión válida de un contrato de alianza público-privada para evitar las consecuencias nefastas que con el más alto grado de responsabilidad hemos detallado en nuestro Alegato. Resulta sorprendente la ligereza en que el Gobierno atendió este tema al incumplir con la orden judicial de presentar un plan real de transición y sin hablarle al país con honestidad sobre cómo su petición provocaría un aumento en el costo de energía eléctrica, y que inmediatamente detendría los proyectos en marcha para levantar la red y en riesgo los fondos federales destinados para esos fines”.

“Contrario a lo que alegan las Peticionarias, la Extensión no se hizo para beneficiar a LUMA. LUMA no se beneficia de estar en un periodo interino con una contraparte en quiebra, sujeta a un proceso de restructuración y sin acceso a los mercados de capital”, puntualiza el escrito sobre el procedimiento legal que aún enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica en el Tribunal federal bajo el Título III de la Ley Promesa, el cual quedaría impactado directamente si la carta-extensión es declarada nula.

“Es lamentable que el Gobierno no ha tomado en cuenta las consecuencias de su petición al Tribunal Supremo a un servicio esencial para la ciudadanía. El sistema eléctrico es demasiado importante para la vida y el desarrollo económico de Puerto Rico como para dejarlo a la merced de acciones improvisadas, irresponsables y temerarias”, concluyó Rotger Sabat.