Consideran clasificarlo como acto terrorista
El FBI también investiga este incidente. (Archivo / NotiCel)
Las autoridades estatales y federales investigan un incidente ocurrido el pasado 30 de septiembre en una facilidad de telecomunicaciones ubicada en el casco urbano de Rincón. El evento dejó sin servicio de telefonía móvil y datos a sectores del municipio, incluidos el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), la Alcaldía y comercios y restaurantes ubicados en los alrededores de la plaza pública.
Según la información proporcionada por la Policía de Puerto Rico (“Policía”), personas que aún no han sido identificadas públicamente ingresaron a las instalaciones y causaron daños en áreas interiores y exteriores, incluida la azotea. Los daños afectaron radios de comunicación, enlaces de fibra óptica, sistemas de alimentación eléctrica, cables coaxiales y otros componentes utilizados por las compañías proveedoras de servicios celulares en la zona.
El incidente fue reportado a la Policía y al Buró Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés “FBI”). Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron que la Policía ha identificado a un sospechoso relacionado con los hechos.
El Agente Luis Rodríguez, adscrito al CIC de la Comandancia de Aguadilla indicó a Noticel que el caso de encuentra en etapa investigativa.
La Policia no ha logrado establecer aún el motivo de la persona o las personas responsables.
La infraestructura dañada también sostiene el servicio FirstNet, utilizado por agencias de seguridad pública, personal de emergencias médicas y otros primeros respondedores. La interrupción afectó las comunicaciones celulares en las áreas servidas por la facilidad.
Anziva Technologies (“AT”), empresa que opera la facilidad destruida, informó que no se sustrajeron equipos ni materiales. “Esto claramente no fue un evento de robo, la aparente intención de los sujetos fue inhabilitar las comunicaciones. Eso lo lograron. ”, aseguró Israel Aviles, presidente de AT. El empresario indicó que los daños se concentraron en los componentes de comunicación y que el incidente provocó la interrupción de los servicios de telecomunicaciones.
Evaluación de la clasificación legal
Las autoridades no han clasificado oficialmente el incidente como un “acto terrorista”. La determinación de los posibles delitos y de cualquier eventual relación con terrorismo dependerá de los resultados de la investigación, incluido el establecimiento del motivo y la intención de la persona o las personas responsables.
Según las leyes aplicables, las telecomunicaciones son consideradas como infraestructura crítica, lo que permite que la destrucción de una instalación de telecomunicaciones pueda ser evaluada bajo distintas disposiciones legales. En el marco federal estadounidense, la clasificación como terrorismo requiere elementos adicionales relacionados con la intención de intimidar a la población, influir en la actuación gubernamental o interrumpir funciones esenciales. Cuando no se demuestra ese tipo de intención, los hechos pueden investigarse como destrucción criminal de propiedad, vandalismo, sabotaje u otros delitos aplicables.
“Daños a una facilidad de comunicación como la de Rincón, pudieron haber causado daños catastróficos al sistema y con ellos consecuencias irreparables a la vida y seguridad de muchas personas”, afirmó Avilés.
Por lo temprano de la investigación del caso de Rincón, aún no se ha podido hacer una determinación de las motivaciones de los criminales. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado evidencia pública que establezca el motivo del incidente ni han anunciado una clasificación oficial como “acto de terrorismo”.
Los daños a instalaciones de comunicación pueden afectar servicios de emergencia, centros de salud, agencias gubernamentales y comunidades enteras como ocurrió en Rincon.
Lo dispuesto en la “Ley para Detener el Robo y la Destrucción de la Banda Ancha” impone severas sanciones federales para quienes destruyan intencionalmente infraestructura de telecomunicaciones civiles, equiparables a las contempladas para delitos de seguridad nacional.
La investigación permanece activa. Las autoridades no han divulgado información adicional sobre el sospechoso, el posible motivo o los cargos que podrían presentarse.
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