Las organizaciones señalaron que el proyecto cambia la política pública de la ley de proteger y conservar a proteger, aprovechar y manejar.

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI) y la Sociedad Espeleológica Unida del Sur (SEUS) pidieron a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes no aprobar el Proyecto de la Cámara 1079 por desmantelar la protección de un recurso natural no renovable del que dependen el agua, la biodiversidad y la economía del país.

“Es la caliza lo que puede ser objeto de materia prima, no el carso, no un proceso o un paisaje”, expresó Julio Rodríguez Planell, presidente de SEPRI. A su juicio, el proyecto parte de un error donde se confunde la roca con el sistema geológico, hidrológico y ecológico que la rodea. “No es la ley del carso la que deben enmendar, es la ley de corteza terrestre y la ley de minas”, añadió en su ponencia presentada ante la Comisión.

Rodríguez recordó que el carso ocupa cerca del 28 % del territorio de Puerto Rico y está presente en 50 municipios donde se encuentran los acuíferos que abastecen buena parte de la población del norte y a la zona metropolitana.

De acuerdo con SEPRI, la calidad y la presión de esos acuíferos atrajeron a la industria química y farmacéutica a la isla, por lo que su protección está directamente vinculada al empleo y a la estabilidad económica.

Las organizaciones señalaron que el proyecto cambia la política pública de la ley de proteger y conservar a proteger, aprovechar y manejar. Además, la medida elimina las referencias al carso como recurso no renovable y lo describe como fuente de materia prima para el desarrollo. También suprime la prohibición de instalar torres y antenas sin autorización en los mogotes, cuyas cimas albergan los últimos remanentes de bosque primario y especies endémicas en peligro.

Otro punto de preocupación que advirtieron las organizaciones es el traspaso de facultades pues el proyecto quita el poder al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de delimitar las zonas cársicas y fiscalizar la ley, y lo entrega a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos.

Las entidades rechazaron, además, la disposición que impide que la ley o sus reglamentos limiten el disfrute de la propiedad privada dentro de la zona cársica. SEUS recordó que la Ley 292 ya protege los derechos adquiridos de las canteras que operaban antes de su aprobación. Según la organización, la enmienda daría rienda suelta a la expansión de canteras, compañías de telecomunicaciones y desarrollos en áreas hoy protegidas, como las cuevas del Cerro Cuevas en Juana Díaz.

“Esta disposición literalmente coloca el interés particular sobre el bien común, la seguridad pública, la salud pública y los derechos de las actuales y futuras generaciones”, afirmó Rodríguez Planell.

SEPRI también alertó que la reglamentación de la Junta de Planificación quedaría excluida de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, lo que limitaría el acceso ciudadano a la información y a la participación por lo que solicitó a la comisión emitir un informe negativo sobre la medida.

“Este proyecto, lejos de velar por los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, a todas luces está concebido para destruir la protección de nuestra zona del Carso para beneficiar al sector industrial y de poder económico”, insistió Díaz Pérez.

Por su parte, la directora de Sierra Club de Puerto Rico, Heraliz Vázquez advirtió que el proyecto no es la única amenaza que enfrenta el carso ya que también teme que la reforma de permisos debilite las salvaguardas que protegen estas áreas.

“El carso no es un obstáculo para el progreso ni un terreno vacío en espera de ser explotado, sino una infraestructura natural indispensable que sostiene acuíferos, bosques, cuevas, biodiversidad y comunidades. Presentar su protección como enemiga del desarrollo ignora que la economía y la calidad de vida del país dependen del agua, de ecosistemas funcionales y de territorios capaces de sostener la vida”, puntualizó.

Ante las crecientes presiones de construcción, extracción y privatización del territorio, el Sierra Club reclamó fortalecer una política pública que reconozca la interdependencia y la vulnerabilidad del sistema cársico, y que lo proteja como una infraestructura viva y esencial para el presente y el futuro del archipiélago.

“El problema es que el Gobierno está midiendo el valor de Puerto Rico por cuánto de su territorio puede convertir en actividad económica. Un país no se desarrolla consumiendo las condiciones que hacen posible su futuro. El carso nos obliga a reconocer un límite: hay cosas cuyo valor para Puerto Rico es demasiado grande para reducirlas a cuánto dinero pueden producir”, concluyó.