El senador Ángel A. Toledo López presentó, por tercera ocasión, una medida dirigida a reconocer oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural, cultural y lingüísticamente legítima de la comunidad sorda en Puerto Rico.

La legislación también establece como política pública el respeto a los derechos lingüísticos, promueve la preservación de las variantes regionales y dispone la realización de un censo para conocer con mayor precisión las necesidades de esta población.

En las otras dos ocasiones, la medida recibió veto de bolsillo de parte de la gobernadora Jenniffer González Colón.

El tercer intento, contenido en el Proyecto del Senado 1463, se anunció en el marco de la presentación de la obra de Yarett E. Piñeiro Rodríguez, educadora, intérprete y defensora de la comunidad sorda, cuyo trabajo documenta la historia, la cultura, el vocabulario y las variaciones regionales de la lengua de señas utilizada en Puerto Rico. El encuentro permitió destacar que la LSP no constituye una adaptación local del American Sign Language (ASL), sino una lengua con identidad, estructura y expresiones propias, desarrolladas por la comunidad sorda puertorriqueña.

Concebida como el primer volumen de una serie, el libro BoriSeñas reúne señas observadas en distintas regiones, explica diferencias frente al ASL e incorpora elementos de historia, cultura, alfabeto manual y vocabulario. Su publicación aporta al esfuerzo de documentar una lengua que se ha transmitido principalmente dentro de la propia comunidad y que aún enfrenta el riesgo de ser desplazada por sistemas ajenos a la realidad lingüística puertorriqueña.

El proyecto reconoce la LSP como parte del patrimonio identitario y de la diversidad cultural de Puerto Rico. Además, autoriza a la Oficina del Enlace con la Comunidad Sorda, adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, a coordinar con entidades representativas de la comunidad sorda estudios, consultas y recomendaciones para promover, preservar y fortalecer la lengua, incluidas sus variantes regionales. Estas gestiones podrán atender su desarrollo en la educación, el acceso a servicios y otros ámbitos de la vida pública.

La medida ordena, además, que la Defensoría de las Personas con Impedimentos y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realicen conjuntamente un censo de la comunidad sorda. El estudio recopilará información sobre el uso de la LSP y sus variantes, así como sobre las necesidades de acceso a servicios públicos, educativos y de salud y a espacios de participación social. Los datos se utilizarán con fines estadísticos, de planificación y de formulación de política pública.