Portavoces de grupos de la sociedad civil insistieron que la presencia del ente establecido por el Congreso de Estados Unidos va en detrimento de las finanzas públicas.

Un puñado de organizaciones denunciaron que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha incumplido con las métricas establecidas bajo la Ley PROMESA durante los primeros 10 años de existencia en Puerto Rico.

Asimismo, las portavoces de los grupos de la sociedad civil insistieron que la presencia del ente establecido por el Congreso de Estados Unidos va en detrimento de las finanzas públicas que, a su vez, se reflejen en retrocesos de la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña.

La Comisión Ciudadana para la Auditoría el Crédito Público, la Liga de Ciudades, Sembrando Sentido y Right to Democracy presentaron la publicación del análisis “La Década perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico”.  Según señaló la organización Espacios Abiertos en el 2025, los gastos en consultores, asesores y abogados contratados por la JCF y el gobierno de Puerto Rico superaron los $2,021 millones.

“Hay dos líneas principales del informe. Casi una década perdida y que también la Junta nos cuesta. Esos costos no se traducen solamente en los gastos operacionales que son $2,000 millones que salen del presupuesto del gobierno, por tanto, de nuestro dinero por medio de las contribuciones que pagamos, también la Junta vende lo que han sido las medidas de austeridad como si hubiesen sido unos ahorros”, señaló Eva Padros Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría el Crédito Público, durante una conferencia de prensa para presentar los hallazgos del análisis.

“En un informe de logros, la Junta trata de justificar los $2,000 millones y la manera que lo hacen es diciendo que le producen ahorros al pueblo”, agregó.

Prados Rodríguez recalcó que la Junta impulsa el cierre de planteles escolares del sistema público, recortar a los presupuestos de la Universidad de Puerto Rico y los municipios, además de propiciar aumentos en los pagos de los peajes en las carreteras, la tarifa de energía eléctrica y el agua potable.

“La Junta no ha significado un ahorro para el pueblo de Puerto Rico y tampoco ha sido exitosa como se ha querida vender en términos de su desempeño. Cuando el Congreso propone esto (la Junta), lo hizo sabiendo que habría un problema democrático, sabían que iba a imponer un Junta para tomar las decisiones difíciles porque democráticamente, supuestamente, no se pueden hacer”, dijo Prados Rodríguez.

El informe detalla que, desde la llegada de la Junta, 438 escuelas han sido cerradas, el presupuesto de la UPR ha sufrido una merma de 47%, los municipios han recibido $900 millones menos para funcionar, 43 administraciones municipales se encuentran en insolvencia económica.

Además, los peajes han aumentado un 60%, la energía eléctrica 40% y el agua potable un 30%.

Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de las Ciudades, resaltó que los municipios, particularmente los pequeños, sufren por las mermas de ingresos para operar y ofrecer los servicios esenciales en las comunidades ante la realidad de que el gobierno central delega alginas de sus responsabilidades.

“La descentralización es una herramienta y movimiento que se debe hacer de manera ordenada, bien pensada y es un mecanismo de justicia porque cuando vemos la delegación de las tareas sin la delegación de los fondos es una injusticia que le hace a los gobiernos municipales”, compartió.

“El gobierno central es quien recibe fondos, pero el municipal da los servicios. Nos parece que la solución debe ir más allá. Debemos de propiciar la conversación sobre los mecanismos de asignación de fondos para el financiamiento de los gobiernos municipales que es el principal proveedor de servicios”, concluyó Miranda Palacios.