Con proyecto de generación y advierte sobre posibles multas.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público emitió una Resolución y Orden en la que requiere a Genera mostrar causa por la cual no deben imponérsele penalidades administrativas tras incumplir con la fecha límite para completar el proyecto de unidades de resguardo o ‘peakers’ de 268 megavatios (MW), una infraestructura considerada crítica para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico.

La Resolución concede a Genera un término de 20 días para responder y solicitar una vista adjudicativa si así lo entiende pertinente. El proyecto había sido autorizado originalmente en 2023 y, posteriormente, el Negociado permitió que Genera asumiera el proceso de contratación tras representar que podría completarlo en un menor tiempo, con menores costos y de forma más eficiente.

Sin embargo, luego de evaluar los informes presentados por la empresa, el NEPR concluyó previamente que el proyecto se había apartado significativamente de las proyecciones originales de costos y calendario de ejecución, por lo que en septiembre de 2024 ordenó que la obra debía estar completada, a más tardar, al finalizar el segundo trimestre de 2026. Esa determinación fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

La Resolución señala que los informes mensuales sometidos por Genera después de junio de 2026 reflejan que el proyecto no fue completado dentro del término establecido. Aunque la empresa atribuyó el retraso a factores relacionados con permisos, coordinación con LUMA Energy, asuntos vinculados con FEMA, requisitos de interconexión y otros elementos que alegó estaban fuera de su control, el Negociado concluyó que esas explicaciones, por sí solas, no relevan a una entidad regulada del cumplimiento de una orden válida.

“El Negociado de Energía determinó además que el alegado incumplimiento involucra infraestructura que afecta directamente la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico”, establece el escrito.

Como parte de la Orden, el Negociado notificó preliminarmente su intención de imponer una penalidad administrativa de $25,000 por cada día de incumplimiento, efectiva desde el 1 de julio de 2026, y que continuará acumulándose hasta que la empresa alcance pleno cumplimiento con las órdenes del Negociado. No obstante, enfatizó que dicha determinación es preliminar y que Genera tendrá la oportunidad de presentar evidencia y argumentos antes de que se emita una determinación final.

 “De no solicitar oportunamente una vista adjudicativa dentro del término concedido, el Negociado podrá considerar que Genera renunció a ese derecho y emitir una Resolución Final imponiendo las penalidades administrativas propuestas con base en el expediente administrativo existente”, concluye el documento.