New Fortress Energy está en serios problemas financieros.

NFE Global Holdings Limited, una subsidiaria indirecta de New Fortress Energy Inc. ha solicitado oficialmente protección por bancarrota bajo el Capítulo 15 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York bajo el número de caso 1:26-bk-11268.

La medida legal, ejecutada el 28 de mayo de 2026, es parte de una enorme reestructuración de deuda transfronteriza destinada a reestructurar miles de millones de dólares en deudas.

Estrategia de Reestructuración Transfronteriza

La bancarrota bajo el Capítulo 15 permite que los tribunales de Estados Unidos reconozcan los procedimientos de insolvencia extranjeros. NFE Global Holdings Limited y su filial, NFE Brazil Newco Limited, iniciaron la presentación para asegurar la validación en Estados Unidos de un esquema de reestructuración que actualmente se está tramitando en el sistema judicial de Inglaterra.

La reestructuración financiera propuesta se centra en un monumental intercambio de deuda por capital. El plan detalla el intercambio de aproximadamente $8,100 millones en deuda total que consiste en $5,700 millones en deuda financiada externamente y $2,400 millones en deuda entre empresas por participaciones accionarias en la compañía. Además, el plan de reestructuración incluye la escisión de los extensos activos brasileños de la compañía en una entidad separada y distinta.

Empresa Matriz Protegida

Mientras NFE Global Holdings navega por los tribunales de quiebras, la empresa matriz New Fortress Energy permanece fuera de los procedimientos directos del Capítulo 15 o Capítulo 11. Al aislar la reestructuración a subsidiarias extranjeras específicas, la empresa matriz evita una bancarrota operativa completa, permitiendo que su huella global más amplia permanezca operativa.

Consecuencias para Puerto Rico

Aun no hay información sobre las consecuencias para Puerto Rico por el fracaso financiero de esta empresa. New Fortress Energy (NFE) se ha convertido en una pieza fundamental para la infraestructura energética de Puerto Rico, ofreciendo servicios críticos al gobierno de la isla a través de contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica y bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal. Su función más visible se ejecuta por medio de su subsidiaria Genera PR, la cual opera bajo un acuerdo de Alianza Público-Privada a diez años.

Mediante este consorcio, la empresa privada asumió el control total de la operación y el mantenimiento diario de la flota termoeléctrica del país, con la encomienda no solo de estabilizar el sistema de generación, sino también de modernizar las plantas existentes y liderar la transición hacia tecnologías más limpias y eficientes.

Además de la administración operativa de las centrales, la compañía actúa como el principal proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) para el sector público de energía. NFE maneja un importante contrato de suministro a largo plazo, el cual fue avalado formalmente por la Junta de Supervisión Fiscal a finales de diciembre de 2025 para abastecer la red de generación de la isla utilizando combustible proveniente, en gran parte, de sus operaciones en Altamira, México. Para viabilizar esta entrega, la corporación opera una terminal especializada de importación en la Bahía de San Juan, desde la cual bombea de forma directa el gas natural requerido para el funcionamiento de las unidades de ciclo combinado de la Central San Juan.

Contrato de energía de Puerto Rico bajo escrutinio

A pesar de las disputas entre NFE y el Gobierno, la crisis financiera que viene presentando la empresa desde el pasado año ha causado conmoción en Puerto Rico. Un debacle financiero de New Fortress Energy pudiera hacer fracasar a su subsidiaria Genera PR. Esta subsidiaria es la empresa que administra la flota de generación térmica de Puerto Rico bajo un contrato de 10 años.

Se espera que funcionarios del gobierno local, estén monitoreando de cerca la reestructuración corporativa. Fuentes de Noticel aseguran que en violación al contrato gubernamental que ostenta NFE, tiene una obligación de informar oficialmente si la empresa radica quiebra, cosa que no ha ocurrido.