Siempre y cuando certifiquen que serán utilizados para vivienda de interés social. El Departamento de la Vivienda levantó bandera al señalar que abre la puerta a la especulación inmobiliaria.

La Cámara de Representantes atenderá hoy un proyecto de ley solicitado por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que facilita la venta de propieades declaradas estorbos públicos a personas naturales o jurídicas que persiguen lucro.

El Proyecto de la Cámara 1005 establece en su Exposición de Motivos que, para facilitar la adquisición de estorbos públicos, se puede enmendar el Código Municipal para que un llamado “tercero adquiriente” no tenga que esperar un año para adquirir propiedades de este tipo, ya expropiadas, “siempre que certifiquen que la estructura se dedicará a vivienda para individuos o familiares de ingresos bajos, moderados o de clase media”.

Específicamente, señala la medida que los municipios, cada uno por su cuenta, podrá establecer en ordenanzas municipales criterios las condiciones y precios prevalecientes en el mercado y los ingresos individuales o familiares de los que cualifiquen para adquirir la propiedad ya rehabilitada.

“Corresponderá a cada municipio la obligación de establecer las salvaguardas necesarias y/o convenientes para fiscalizar que la propiedad adquirida será destinada como vivienda principal de personas de ingresos bajos, moderados o de clase media…”, lee el proyecto.

El Departamento de la Vivienda fue la única entidad en oponerse al proyecto. En un memorial del 13 de febrero firmado por la exsecretaria Ciary Pérez Peña, se indica que el Código Municipal incluye hoy día un lenguaje para evitar la especulación inmobiliaria, el acaramiento de propiedades “y el uso indebido del poder expropiatorio”

“La propuesta legislativa altera ese balance al excluir ampliamente del concepto de tercer adquiriente a personas naturales o jurídicas que certifiquen un uso futuro para vivienda asequible, sin establecer parámetros uniformes ni controles suficiente”, lee la objeción de Vivienda.

Además, señala ala agencia que el proyecto podría beneficiar a inversionistas con mayor capacidad económica “en detrimento de compradores individuales” y permitir que se conviertan las viviendas en alquileres a corto plazo u otro tipo de comercioo.

Vivienda también alertó que dejar en manos de los municipios los criearios podría provocar la falta de uniformidad.

Los gremios que agrupan alcaldes favorecieron la medida, al igual que la Asociación de Realtors y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.