Los hechos contradicen las múltiples versiones del Secretario.

Tras revisar los documentos de transición y a solo días de haber sido designado como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (“DCR”), Francisco Quiñones Rivera determinó exonerar a todos los empleados que participaron en la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez y mantener la estrategia de imputarle responsabilidad a la empresa Physician Correctional. El Secretario tomó esta decisión a pesar de que ya tenía acceso a documentos que establecían que las actuaciones de la compañía no guardaron relación con la liberación del confinado.

La gobernadora Jenniffer González Colon dijo al momento de designar a Quiñones Rivera como secretario que, “por eso busque una persona que fue juez, el Secretario debe hacer su análisis y ejecutar legalmente, él fue juez, él sabrá como hacerlo”.  Quiñones Rivera parece no haber realizado el análisis que le instruyó González Colon y que debió incluir las investigaciones e informes de Justicia, el Senado de Puerto Rico y el propio DCR. En su defecto, el Secretario llegó a conclusiones no consistentes con las investigaciones y los hechos del caso, con tal de quitar toda responsabilidad a los empleados del DCR.

En el informe de la investigación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (“Justicia”) copia del cual obra en poder del secretario, se concluye que “los empleados del DCR que intervinieron en el proceso de excarcelación omitieron las funciones inherentes a su cargo en la evaluación, recomendación, concesión y eventual excarcelación de Ávila Vázquez para el disfrute del pase extendido por condición de salud bajo la Ley Núm. 25-1992”. El mismo informe añade que “los médicos de Physician Correctional no incurrieron en los delitos de fraude, incumplimiento del deber o negligencia en el cumplimiento del deber”, según definidos en el Código Penal de Puerto Rico.

A esas conclusiones se suma un documento interno del DCR que permaneció confidencial y oculto hasta que fue divulgado por orden del Tribunal la pasada semana y publicado en exclusiva por Noticel.

El documento establece que Physician Correctional no intervino en el proceso de excarcelación del feminicida y que los funcionarios del Departamento actuaron por iniciativa propia, sin que mediara siquiera una solicitud formal del confinado para acogerse al beneficio.

El secretario del DCR igualmente determinó no darle validez alguna al informe sometido por la delegación de minoría del Senado de Puerto Rico que fuera suscrito por Thomas Rivera Schatz. Entre otras cosas, los senadores concluyeron que, “la determinación final y la prerrogativa legal de excarcelar a un confinado bajo cualquier programa de desvío, o de pase extendido, recae exclusivamente en el DCR”.

“Tuve la oportunidad de revisar los ocho expedientes. En el caso particular de esta compañera, entendí que seis meses de suspensión era lo justo”, concluyó Quiñones Rivera. Añadió en aquel momento que, “en junio [del 2025] les hice un ofrecimiento de que se entendiera ese periodo de seis meses como una suspensión… y la oportunidad de regresar al departamento”, explicó Quiñones Rivera. Estas expresiones las realizó el secretario Quiñones tras intentar anular las sanciones administrativas impuestas por Escobar Pabón.

¿Que está detrás de esta confabulación?

Quiñones Rivera no tan solo escogió ignorar el informe de la investigación de Justicia, sino que igualmente ignoró un informe del propio DCR que establece que la evaluación para pase extendido que realizó la empresa Physician Correctional fue denegada el 31 de mayo del 2022 lo que resultó en que Ávila Vázquez se mantuviera encarcelado. Aproximadamente 11 meses después de esa denegación, el 13 de abril de 2023, sin mediar proceso de evaluación adicional, los empleados del DCR señalados en el informe de Justicia liberaron al recluso sin análisis ni proceso alguno.  

Tanto la exsecretaria Escobar Pabón, el exsenador José Vargas Vidot y la empresa UTICORP desarrollaron una narrativa pública para culpar a Physician Correctional por la excarcelación de Ávila Vázquez, aun cuando tenían pleno acceso a los expedientes que claramente establecían que fueron los empleados del DCR quienes actuaron contrario a las leyes y reglamentos. El exsenador José Vargas Vidot impulsaba la cancelación del contrato de Physician Correctional a pesar de no tener ninguna evidencia de la intervención de Physician Correctional tras realizar más de 10 vistas públicas donde se obtuvieron abundante información sobre el caso.

Quiñones defendió los empleados que liberaron al feminicida

El informe de la investigación de Justicia ofreció una clara instrucción al DCR relacionados a, “tomar acciones disciplinarias contra los funcionarios públicos cuya dejadez en la ejecución de sus deberes resultó en la excarcelación del feminicida”.  

Igualmente, Quiñones Rivera escogió invalidar las determinaciones de su antecesora Ana Escobar Pabón quien luego de analizar la investigaciones realizadas por Justicia, la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) y las resoluciones de la Oficial Examinadora, determinó destituir a ocho empleados por “negligencia en el cumplimiento del deber”.  En aquel momento, Escobar Pabón dijo que, “con esta acción, finaliza el proceso de investigación administrativa del caso [de Ávila Vázquez]”. 

Noticel ha intentado contactar a Quiñones mediante llamadas, correos electrónico y mensajes de texto, pero el secretario ha preferido no hacer comentarios sobre estos nuevos hallazgos.