Comisión de Salud de la Cámara reúne a decenas de organizaciones de la salud para trabajar en consenso en este proyecto de ley.

Más de 30 organizaciones y representantes de diversos sectores de la salud física y mental, se reunieron para evaluar y proponer la derogación de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000), con el fin de desarrollar una nueva legislación que atienda de manera más efectiva las necesidades de la población.

La reunión, convocada por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, permitió a los profesionales de la salud exponer preocupaciones y propuestas para la creación de un nuevo marco legal atemperado a las nuevas realidades de nuestra isla.

“La meta es crear una nueva ley que transforme la salud mental para Puerto Rico en las poblaciones de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y que no sea un monstruo legislativo, sino que surja de los sectores y profesionales que día a día atienden esta problemática”, expresó el representante Rodríguez Aguiló.

Se acordó que la nueva ley estará basada en cuatro pilares fundamentales tales como la prevención, los derechos de los pacientes, el acceso a los servicios y la capacitación de recursos para una atención más efectiva. Además, la nueva legislación abordará temas claves como la salud mental en las instituciones correccionales y la integración de los servicios psicológicos en las comunidades aisladas.

Las organizaciones participantes destacaron la necesidad de un enfoque integral e interdisciplinario que contemple la prevención y educación, garantizando que los servicios lleguen a poblaciones marginadas o de difícil acceso.

Para Antonio Fernández, director regional de la Ponce School of Medicine and Health Science, será esencial que la nueva legislación priorice las investigaciones que se llevan a cabo en la isla, así como abogar por el desarrollo de más programas de educación continua para los profesionales de la salud mental.

“La nueva ley también deberá tener un componente de investigación y evaluación. Hay mucho trabajo epidemiólogo de investigación que viene de la academia que será sumamente importante para poder nutrir esta nueva ley con resultados epidemiológicos”, expresó Fernández, añadiendo que los familiares y comunidades también se unan a las mesas de trabajo.

Por su parte, la doctora Karen Martínez, catedrática asociada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, señaló que debe haber un cambio en el paradigma en las condiciones de salud mental y la nueva ley debería impulsar la educación sobre la salud mental desde más temprano. “Hoy en día sabemos que las condiciones de salud mental son condiciones rehabilitables. La gente se recupera y podemos prevenir los trastornos de salud mental. Existen datos suficientes que confirman que la educación sobre la salud mental puede comenzar desde la población prenatal, dirigidas a la madre, desde el periodo de la gestación y crianza, en esas primeras etapas de vida”, apuntó.

También hubo un consenso para crear un perfil epidemiológico de la salud mental en Puerto Rico, así como estipular, entre otras cosas, que el Instituto de Estadísticas publique periódicamente datos actualizados relacionados a las condiciones de salud mental.

“La salud mental es un tema que debe ser prioridad en nuestra agenda legislativa. Estamos trabajando en una propuesta que garantice un acceso justo y equitativo a los servicios, fortaleciendo los derechos de los pacientes y asegurando que todas las poblaciones, especialmente las más vulnerables, reciban la atención que necesitan”, concluyó el representante Rodríguez Aguiló.