El esquema que se investiga se utilizó en otras aportaciones, advirtió Yesmín Valdivieso.

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló que su oficina se ha estado reuniendo con el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para discutir el caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, entidad sin fines de lucro que recibió una aportación de $1.2 millones para la canalización de una quebrada, trabajo que nunca se hizo.

Valdivieso dijo en entrevista radial (Magic 97.3 FM) que no le sorprende la investigación del FEI.

“Para nada sorprendida. Hemos estado trabajando y reuniéndonos con el FEI. Para mí ha sido un dolor de cabeza todo esto que tiene que ver con el fondo de mejoras municipales y cómo se escondió dentro de la ley en la asignación del 5% del IVU a los distritos senatoriales y representativos”, dijo la funcionaria.

“La verdad es que es como si fuera el (antiguo) barrilito. Cuando el Tribunal Supremo determinó que el barrilito era inconstitucional (fue) cuando más transparencia tenían porque había resoluciones que se llevaban a los cuerpos y se aprobaban. Había cierta transparencia nos gustara o no. Con todo y eso, el Supremo determinó que los legisladores no podían dar instrucciones a las agencias del Ejecutivo y por tanto era inconstitucional. En este caso no hubo transparencia. Fue con un email, una cartita del representante a la oficina de la Autoridad de Tierras, que es la que tiene que ver con esto, y se supone que ellos hicieran lo que tenían que hacer con el dinero (según el legislador)”, explicó.

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La investigación del FEI es contra el exrepresentante novoprogresista Antonio “Tony” Soto y a su consultor legislativo José Miguel Huertas Torres, quien a su vez autorizaba el desembolso porque también era contratista de la Autoridad de Tierras, la tenedora de los fondos que vinieron a sustituir el «barril de tocino».

“Nosotros estábamos investigando dos cosas. Una sobre todos esos fondos y una auditoría de la Autoridad de Tierras, cuyo informe no ha salido. Lo que miramos fue como 15 o 16 meses de transacciones. Pero en ese momento, la Autoridad, que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, recibe esta carta, no había reglamentación… solo una carta diciendo envíale tanto a esta organización sin fines de lucro para que se lo den a fulano. La Autoridad de Tierras, que para eso no es que se crea, trabajó eso. De ahí es que despiden a la directora ejecutiva de la Autoridad. Es que me los puedo imaginar llamando y dando instrucciones”, expresó la contralora.

“Si tu me dices que la iglesia buscó un contratista, hizo una propuesta, tiene quién lo va a hacer… pero no. Aún si lo fondos se utilizaron bien, esa no es la manera, no es un buen ejemplo de sana administración. Es un esquema que nunca debió haber sido aprobado. Este caso es de solo un millón, pero se han repartido más de 40 millones de este fondo”, manifestó.

Hasta ahora, la investigación se ha mantenido a nivel estatal, pero los federales pueden tomar jurisdicción en cualquier momento, dijo la contralora.

De acuerdo con la investigación, el donativo fue aprobado en diciembre de 2020 y desembolsado a principios de febrero de 2021. A fines de ese mismo mes, Soto renunció a su escaño legislativo.

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