Una reclamación federal pide que se obligue a tres ejecutivos y empresas a compensar a clientes por vender acero a sobreprecio.

La revelación del caso criminal contra uno de los miembros de la autoproclamada “Cosa Nostra” del acero en Puerto Rico resultó en una demanda civil federal en la que se les quiere hacer pagar a este y otros ejecutivos por las ganancias ilegales que tuvieron al inflar el precio de varillas de acero vendidas en la isla entre 2015 y 2022.

El recurso sometido el miércoles en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico identifica a los otros miembros del “cartel” del acero como Edgardo Solá Colón (Carolina Building Materials, Inc. y Carolina Building LLC) y Francis García Haghverdian (Steel Services & Supplies, Inc.).

Según documentos en el caso criminal, García Haghverdian habría sustituido en el cartel a su padre, Francisco García Alonso, cuando este murió en 2022.

NotiCel publicó el pasado lunes los detalles del caso en el que Juan Carlos Aponte Tolentino, de Aceros de América, Inc., se declaró culpable por fijar precios y encarecer el precio de la varilla en la isla. El trío de empresas dominaba el 70% del mercado de varillas en la isla, un producto que se exporta principalmente desde Turquía y República Dominicana.

Como parte de la investigación criminal federal, se identificaron mensajes de chat en los que los miembros del grupo coordinaban subir precios del material. Además de coordinar precios, el ejecutivo aceptó que se le daba instrucciones a los suplidores internacionales para que redujeran los embarques produciendo así una escasez artificial que, a su vez, contribuía a justificar el alza de precios.

Según la demanda, Aponte Tolentino le dijo a Solá Colón en octubre de 2020 “mira, estás dañando el mercado con $30.50 el quintal cuando lo puedes vender a $32.50 el quintal”.

Según los mensajes que se intercambiaron, el precio del quintal de varillas aumentó de $25.50 al comienzo de la conspiración hasta $54.00 en 2022.

Ahora con la reclamación civil, la empresa demandante, Tiger Group LLC, quiere lograr que el tribunal reconozca como clase a todos los que le compraron material a estas empresas durante la duración de la conspiración para así recobrar el dinero que sobrepagaron por los actos de los ejecutivos. Debido a que las leyes federales antimonopolísticas permiten triplicar daños, los abogados Alberto J. Castañer Padró, Harold D. Vicente González y Harold D. Vicente Colón estiman que la compensación para los demandantes puede ser de sobre $500 millones.

Además de la reclamación civil, Aponte Tolentino enfrenta la posibilidad de que se le imponga una multa cuando sea sentenciado el 8 de noviembre próximo. No hay indicios todavía de que las autoridades federales vayan a procesar criminalmente a los demás miembros de la conspiración.

“(Tiger Group) busca representar a todas las personas o entidades que, durante el periodo desde e incluyendo el 2015 hasta que cesaron los efectos anticompetitivos de la conducta de los demandados, compraron productos de acero (principalmente varilla para construcción) de los demandados”, indica la demanda que imputa a los ejecutivos “distorsionar significativamente el mercado de acero en Puerto Rico”.

Si el tribunal autoriza la demanda y la creación de la clase, algunos de los miembros de la clase pueden ser municipios quienes, según el registro de la Oficina del Contralor, compraron $1.8 millones en materiales a Carolina Building y $854,000 a Steel Services durante la duración de la conspiración.

Entre 2021 y 2022, Solá Colón y Carolina Building protagonizaron una confrontación legal tras el despido del ejecutivo, que culminó con una transacción fuera de corte. El ejecutivo alegó que logró que la empresa “tuviera ganancias récords en la industria provocando con ello ser la distribuidora de varillas de construcción más grande de PR”. Por sus gestiones, las ventas de Carolina Building habrían aumentado de $7 millones a $42 millones en 14 años. Fue despedido de manera fulminante el 27 de julio de 2021 durante una reunión con sus superiores en el hotel La Concha.

En su demanda, la empresa, que fue adquirida por el conglomerado alemán Thyssenkrupp Materials Trading GmbH, detalló que Solá Colón y su esposa habían establecido dos compañías, MC Imports, Inc. y Metalcast, Inc., que eran competidoras de Carolina Building y que operaban mientras Solá Colón era ejecutivo de ésta. “Es decir, el Sr. Solá utilizaba el tiempo, la información comercial/confidencial de CBM, las bonificaciones recibidas durante los años 2009-2021 y los recursos financiados por la propia CBM (i.e., computadoras, celular, internet, correo electrónico, transporte y espacio de almacenaje, entre otros) para gestionar las ventas y compras que haría su empresa, Metalcast/MC Imports, y desarrollar el referido negocio”, resumieron en la demanda que no menciona nada relacionado con la conspiración criminal para fijar el precio de la varilla.

Vea:

Procesan a uno de los “mafiosos” del acero en Puerto Rico