Varios portavoces de la comunidad de Condado llegaron a la vista pública de la Cámara a reclamar que la venta se hizo en «silencio» y debe ser revocada.

Portavoces de la comunidad de Condado llegaron a una vista pública de la Cámara de Representantes a denunciar que la comentada venta del parque en su comunidad a un ente privado fue una silenciosa, sin consulta a los ciudadanos e ilegal.

“No es hasta que se recurre a la vía judicial que confirmamos lo que ya el municipio nos había adelantado: nuestro parque se había vendido. Fue una venta secreta por debajo de la mesa, ¡eso no se hace!”, exclamó el portavoz de la comunidad Amaury Rivera.

El residente de Condado destacó que al ser una comunidad de cerca de 20,000 personas, el parque que se vendió era uno de los pocos espacios verdes recreativos.

“Nos parece una falta de respeto, carente de toda honestidad, las acciones de estos funcionario. Aparentemente se les olvidó que este parque no es de ellos, es de todos nosotros”, reclamó Rivera, visiblemente molesto.

El residente adelantó que se encuentra en el proceso de recolectar firmas para radicar una demanda para declarar ilegal la compraventa.

¿Es ilegal la venta?

La respuesta es sí, según el licenciado William Vázquez Irrizary.

“En el caso de que fuera una propiedad del gobierno central, quien tiene la autoridad para disponer de esa propiedad es el secretario del DTOP, de conformidad con los requisitos de la Ley (12-1965), siendo el primero que la venta se tiene que dar si la propiedad dejara de tener una utilidad pública”, explicó el licenciado en un aparte con NotiCel.

Para que un parque deje de ser útil, dijo el abogado, tendría que ser un escenario en el que no se pudiera reconocer ese espacio como un parque, una situación diferente a la presente.

“Aquí la verdad es que no se cumpliría porque claramente los testimonios que han dado la comunidad es que ellos lo han disfrutado hace décadas y lo estaban haciendo tan reciente como las pasadas semanas”, indicó Vázquez Irrizary.

El licenciado, quien tuvo acceso a los documentos suministrados por el gobierno, señaló que de los mismos no se desprende que haya una autorización por parte del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, el Departamento de Hacienda ni el Departamento de Justicia.

“En este caso no hay evidencia de que se demuestre en el documento de que se cumplieron los requisitos”, sostuvo el abogado.

El segundo panel de la vista pública cuenta con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Planificación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF).

El municipio de San Juan y la compañía que hizo la compraventa fueron citados a la vista, pero no llegaron, por lo que se les citará nuevamente por desacato.

Los trabajos de la vista pública son conducidas por las Comisiones de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas que preside el representante José A. Díaz Collazo; y la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo, que preside el representante Luis Raúl Torres sobre la investigación referente a la venta de parque en el Condado.