El representante Héctor Ferrer Santiago busca descriminalizar el cannabis mediante este proyecto cameral.

Con el fin de descriminalizar el uso de cannabis y ampliar su uso, el representante Héctor Ferrer Santiago presentó un proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio para el uso adulto controlado de cannabis en Puerto Rico.

La pieza legislativa, que fue presentada hoy, tiene el enfoque de tratar al ciudadano como un usuario y no un criminal, al igual que fortalecer la Junta Reglamentadora de Cannabis.

Los parámetros que propone esta medida prohíben expresamente el acto de fumar cannabis, al igual que con el cannabis medicinal, y su uso y consumo solo se permite en hogares y lugares privados, con permiso del dueño. Es decir, se prohíbe su uso en lugares públicos.

“Para aquellas personas que ahora van a decir que se va a estar fumando en las playas, parques públicos, en las calles… eso es falso, porque la ley prohíbe que se use el cannabis en lugares públicos», sostuvo Ferrer Santiago en conferencia de prensa.

La venta del cannabis se permitirá solo en dispensarios autorizados, con un límite de dispensación diario de 28 gramos de cannabis (flor) u ocho gramos de THC en los productos concentrados o 800 miligramos de THC en productos comestibles, que tendrán un nuevo empaque que no sea llamativo para los menores de edad.

Con el fin de descriminalizar al usuario, su aplicación es retroactiva, por lo que las personas que estén cumpliendo sentencia por posesión de una cantidad menor a la de 28 gramos de cannabis, serían liberadas.

A diferencia del cannabis medicinal, esta pieza dispone que para la compra solo será necesario la licencia o pasaporte, es decir, no se requerirá una licencia medicinal.

Sin embargo, la persona que posea la cantidad de uso personal y no sea de un dispensario autorizado será multada con $500 y citado a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). De igual manera, se prohíbe el uso de cannabis en vehículos de motor cuando hay menores de 21 años en el vehículo, y será un agravante el proveerle cannabis a una persona menor de edad.

“Estaríamos ahorrando recursos y tiempo a la policía, el Departamento de Justicia, Administración de Tribunales, donde vamos a redirigir esos esfuerzos al productor, vendedor y distribuidor de las drogas: los verdaderos criminales”, reiteró el autor de la medida.

La medida – de 73 páginas – también proyecta nuevos ingresos al gobierno, incluyendo una contribución especial del 20% a la venta de todo producto de cannabis. Bajo la línea de impacto económico, también se crearía el «Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis».

Este fondo se dividiría en 40% para la Universidad de Puerto Rico (UPR); 20% para el Sistema de Retiro de Gobierno y Maestros; 6% para la Policía; 4% al Instituto de Ciencias Forenses (ICF); 10% a ASSMCA; 2% a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito; 3% a Inspectores Certificados; 5% a la Junta Reglamentadora de Cannabis y 10% a las Amas de llaves y cuidadores municipales.

En específico, con el porcentaje de la UPR se busca crear un presupuesto de operación general; asignar un programa que impulse las empresas agrícolas y que usen esos productos para vendérselos a comedores escolares; la creación de programas académicos para el cannabis; y crear becas para estudiantes de escasos recursos para vivienda.

“Cuando un país se encuentra en crisis económica tenemos que abrirnos a nuevos sectores económicos, a nuevas industrias que puedan generar empleos como este”, expresó el representante del Partido Popular Democrático (PPD).

En cuanto al ámbito laboral, la medida prohíbe el discrimen contra el empleado, siempre y cuando el uso de cannabis no represente una amenaza real de daño o peligro para las personas o propiedad y no interfiera con su desempeño y funciones esenciales. Las excepciones a esto serán empleos de seguridad, conductores o agencias que reciben fondos federales debido a la reglamentación existente.

Multas a dispensarios

Todo dispensario que venda o despache cannabis a un menor de 21 años de edad incurrirá en una infracción administrativa grave y su licencia será revocada permanentemente.

El dispensario que venda o despache una cantidad mayor de la autorizada por esta ley (28 gramos o sus equivalentes) incurrirá en una infracción grave.

La primera infracción se le impondrá una multa de $20 mil, la segunda infracción de $50 mil y todas sus licencias suspendidas por un año y en la tercera infracción se le impondrá una multa de $100 mil y la revocación permanente de todas las licencias del establecimiento.

Confiado en el aval de la medida

El autor de la pieza está confiado en que sus compañeros representantes y senadores no tendrán oposición al proyecto luego de leer la misma.

“No veo razón por las cuales las personas se opongan cuando estamos extendiendo el cannabis medicinal para el uso adulto en mayores de 21 años de edad. Si las mismas personas le votaron a favor el cuatrienio pasado ven este proyecto se van a dar cuenta que estamos fortaleciendo esa ley y ampliando el sector para el cual puedan adquirir cannabis», manifestó Ferrer Santiago.

Sin embargo, dijo estar abierto a enmiendas que se propongan en el proceso de vistas públicas para que la Legislatura le dé paso a esta pieza.

Actualmente el cannabis es una sustancia ilegal, según el Artículo 404 (a) de la Ley 4 del 23 de junio de 1971, conocida como la «Ley de Sustancias Controladas». En el presente se establece como pena máxima tres años de reclusión y hasta cinco años con agravantes.

La medida se presentó hoy y se espera que se la dé lectura el el martes, que se retomarán las labores de la tercera sesión ordinaria.

Lea la pieza aquí:

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