Tras referido de Justicia al PFEI.

Los problemas para el alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez siguen en aumento. Ahora, los representantes por acumulación, José Enrique “Quiquito” Meléndez, y José «Che» Pérez, solicitaron a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que suspenda de empleo y sueldo al ejecutivo municipal.

El pedido ocurre luego de que Departamento de Justicia recomendó ayer a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un fiscal especial independiente contra Rodríguez Rodríguez, y la gerente de Finanzas municipal, Yahaira M. Valentín Andrades, por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

“Para proteger los recursos del municipio, se debe pausar el sueldo del alcalde. Sabe Dios cuántas otras transacciones hayan ocurrido en el municipio y se estén usando para otras cosas”, manifestó el representante Meléndez.

La misiva enviada al FEI expresa que ante los señalamientos redactados por el Departamento de Justicia en su referido al Panel del FEI, la permanencia del alcalde José Guillermo Rodríguez y su equipo de trabajo representan un riesgo sustancial de malversación de fondos públicos adicionales para el municipio.

Vea también: Justicia recomienda designación de un FEI al alcalde de Mayagüez

“Esto no es asunto político, es un asunto de gobierno, que afecta directamente a Puerto Rico, específicamente al área oeste y tiene una gran necesidad de contar con una sala de trauma”, dijo por su parte el representante Pérez.

Según alegaron ambos legisladores mediante declaraciones escritas, el Panel del FEI tiene la facultad para tomar «todas aquellas medidas cautelares que en derecho procedan para salvaguardar los recursos y propiedades del municipio de Mayagüez» e iniciar un proceso que determine si la magnitud de los cargos imputados requieren la suspensión de empleo del Alcalde y los funcionarios municipales hasta que concluya el proceso judicial.

«La Ley establece que se podrá tomar la acción: si los hechos imputados al Alcalde o Alcaldesa demuestran una administración corrupta, fraudulenta, negligencia inexcusable o el abuso de autoridad; el historial administrativo previo del Alcalde o Alcaldesa; la notoriedad o conocimiento público que se le imputa al Alcalde o Alcaldesa previo a la presentación de los cargos; la certeza o peso de la prueba, según surja de los informes investigativos sobre los hechos que dieron lugar a la querella; la urgencia de tomar medidas que protejan los bienes municipales o la vida y salud de los ciudadanos; y la íntima vinculación de los hechos imputados a la administración del municipio», alegaron.

Rodríguez Rodríguez, por su parte, dijo ayer mismo -mediante declaraciones escritas- que este era «el primer round de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la Gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”.