El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás destaca que mientras enfrentamos los retos del COVID-19, también tenemos que comenzar a planificar los pasos a dar cuando el país vuelva a abrir sus puertas.

La situación mundial por el Coronavirus y la aplicación del llamado distanciamiento social ha puesto en serios aprietos la economía mundial y, claro, Puerto Rico no ha sido la excepción.

Todos hemos visto como miles de comercios han sido obligados por la situación a cerrar sus puertas y con esto han sido muchos los desplazados.

Por la emergencia y reconociendo el impacto económico y social que significa el cerrar millones de negocios en todos los Estados Unidos, el Congreso y Casa Blanca han aprobado paquetes billonarios para tratar de mantener a salvo la mayor de cantidad posibles de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Esta situación de emergencia pone al relieve lo vital para la economía que son las PyMEs. Localmente, el gobierno ha actuado de manera rápida para poner a correr ayudas millonarias que al menos sirvan de red de seguridad en lo que llegan los fondos federales.

Evitar el cierre definitivo de miles de negocios en Puerto Rico es sin lugar a duda una prioridad del gobierno, no por protección de un sector débil, por el contrario, es para proteger lo más posible el pilar de la economía local.

Mientras enfrentamos los retos del COVID-19 que son muchos, también tenemos que comenzar a planificar los pasos a dar cuando el país vuelva a abrir sus puertas.

El panorama que enfrentaremos va a ser difícil, de muchos retos y tenemos que tomar medidas desde ahora para activar la fuerza de las PyMEs, de manera rápida.

A esta etapa debemos haber entendido que las grandes cadenas que operan en Puerto Rico no son el motor de desarrollo económico, ni los gestores de los mejores empleos.

No digo que no tengan alguna aportación en levantar la economía pues la tienen, pero esta demostrado que apostar en ellas como principal motor económico es un grave error, que no podemos seguir repitiendo.

Puerto Rico hace unos años dio cátedra mundial de tener unas de las políticas publicas mas agresivas a favor de las PyMEs. Small Business Administration (SBA) llego a recomendar a los estados las políticas públicas que se estaban dando en la Isla.

El proyecto se llamó Fuerza PyME y se originó desde la presidencia de la Cámara. Ahora más que nunca el gobierno de Puerto Rico debe diseñar su propio proyecto para estar listos para detonar la economía de manera rápida.

La definición de PyME en Puerto Rico se estableció en el 2014 con la Ley 62: se consideran microempresas aquellas empresas que generan ingresos menores de quinientos mil dólares ($500,000) anuales y poseen siete (7) empleados o menos. Pequeños comerciantes son los que generan ingresos menores de tres millones de dólares ($3,000,000) anuales y poseen veinticinco (25) empleados o menos; y medianos comerciantes aquellos que generan ingresos menores de diez millones de dólares ($10,000,000) y poseen cincuenta (50) empleados o menos.

De manera inmediata deben garantizar que las agencias públicas cumplan con el 40% de sus comprar a las PyMEs como establece la Ley 62 del 2014.

Pero recomiendo ir más allá de nuestra ley y subir ese compromiso de compras a un 80%, dejando salvaguardas para pedir excepciones únicamente cuando el bien a adquirir no lo pueda proveer una PyME.

Fueron miles los permisos que se dieron en 24 horas en los momentos de implantación de la Ley 62, las instrucciones para las oficinas de permisos tanto del estado como de los municipios eran directas en romper con la burocracia y abrir puertas al empleo y el desarrollo económico.

La ley da seis meses para entregar documentos ya el negocio operando. Ahora mas que nunca se debe hacer sin ambages. Aquellas agencias que no cumplan con el porciento de compras establecido que se les penalice con la retención del presupuesto de compras en la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Todos los subsidios que tiene el gobierno en diferentes leyes y agencias para incentivar los empleos deben separarse al menos un 80% para las PyMEs. Todos los estudios han demostrado que estas empresas ofrecen empleos a tiempo completo y tienen una cultura de ofrecer beneficios marginales a sus empleados.

Poner en función el programa de renta preferencial de la Ley 62 que brinda a los empresarios la oportunidad de obtener una renta mínima en instalaciones propiedad del gobierno.

Igualmente, poner en función la “Junta de Apoyo para las Microempresas, los Pequeños y Medianos Comerciantes de Puerto Rico”, la cual está compuesta por el Director de la Compañía de Comercio y Exportación, el cual funge actualmente como Presidente de la Junta, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Presidente de la Junta de Planificación, el Director de la Oficina de Gerencia de Permisos y además, un microempresario, un pequeño comerciante y un mediano comerciante, nombrados por los Presidentes de la Cámara y el Senado, y el Gobernador, respectivamente.

Esta Junta tiene a su cargo la responsabilidad de, entre otras cosas, rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa y al Gobernador en el cual realice un análisis del sector PYME en Puerto Rico.

El informe debe incluir, entre otros asuntos, los comercios que se beneficiaron de la Ley, cómo se han afectado los comercios en la isla, cuántos han cerrado durante ese periodo, los indicadores económicos asociados a este sector y cualquier otra información que permita al Gobernador y a la Asamblea Legislativa tener un panorama claro de la aportación de estas empresas a la economía local.

Conozco de primera mano que varios legisladores de la mayoría parlamentaria están trabajando proyectos que van dirigidos a tener el plan listo para abrir las puertas de Puerto Rico en esta nueva etapa apostando a las PyMEs.

Puerto Rico se va a levantar con una empresa local fuerte y lista para asumir el reto por Puerto Rico.