Empresarios alertan sobre el impacto devastador de las nuevas tarifas y la inestabilidad del servicio de energía.

A poco más de un mes de que entrara en vigor el aumento a la tarifa eléctrica, dueños de restaurantes e industrias insisten en que “no aguantan más”.

Así lo revela el estudio «Situación Económica de la Industria de Restaurantes y de Distribuidores en Puerto Rico 2025 S1″‘ realizado por la Asociación de Restaurantes (ASORE) y la firma Inteligencia Económica («el Estudio”), que detalla cómo entre agosto y septiembre del año actual los costos operativos se dispararon, provocando una crisis sin precedentes. 

“El 53.1 % de los restaurantes reportó aumentos entre 10% y 20% en su factura eléctrica durante 2025. El 12.6% reportó aumentos superiores al 20%. En total, el 65.7% de los restaurantes enfrentó aumentos significativos de 10% o más en su factura energética”, detalló Sonia Navarro, presidenta electa 2026 de ASORE, entidad que representa a más de 900 establecimientos gastronómicos de un total de 4, 838 dedicados a la venta de alimentos preparados en toda la isla. 

Navarro catalogó los datos como “devastadores” para los comercios y alertó que afecta por igual a pequeños negocios familiares como grandes cadenas de restaurantes.

Según la ejecutiva, el impacto es especialmente grave en el sector de restaurantes, donde los márgenes operacionales son estrechos y el gasto en electricidad representa una partida significativa del presupuesto. 

“Para el mes de octubre, en el caso de los abonados comerciales e industriales pequeños, el aumento solicitado para el trimestre que inicia en octubre es de 7.3%; para los medianos, de 7.8%; y para los grandes, de 8.2%, según la moción sometida por LUMA Energy ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Además, por primera vez en octubre entran en vigor dos cargos provisionales autorizados por el NEPR como parte del proceso de revisión de la tarifa base, que se extenderá durante todo el año fiscal”, señaló Navarro en su ponencia.

Asimismo, Ramón Leal III, el pasado presidente de ASORE, agregó que les “aterra pensar que se está hablando de otro aumento”.

Y es que por los últimos tres años también han batallado para asumir los aumentos de salario mínimo, que en combinación con gastos adicionales que supone la falta del servicio de energía surten un impacto sustancial y trastoca otras áreas de la operación. 

En la audiencia sobre la Resolución de la Cámara 42, se informó que el alza y la intermitencia del servicio eléctrico han afectado económicamente al sector comercial e industrial, dañando equipos y aumentando los costos operativos.

Por ello, muchos restaurantes se ven obligados a reducir sus inventarios para evitar pérdidas, en un contexto donde el coste de los alimentos supone hasta el 40% de los gastos operativos.

ASORE y representantes del sector han intentado buscar soluciones junto al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), pero aún no han obtenido soluciones claras. 

 “La industria no aguanta más. Es necesaria una auditoría y que se revise la estructura del coste energético, incluso de manera retroactiva. Si los comercios presentasen reclamaciones por daños en equipos, el monto sería considerable”, subrayó Navarro.

Entre las propuestas para aliviar la carga del sector, ASORE propone medidas inmediatas como eliminar el impuesto de venta y uso (IVU) a los alimentos preparados o establecer una moratoria de 24 meses en los aumentos, tiempo que consideran necesario para realizar estudios y buscar soluciones sostenibles. 

“Los negocios no pueden asumir más aumentos. Hay comerciantes que solo se atreven a tener inventario para dos días por miedo a pérdidas”, advierte la presidenta de ASORE, al tiempo que destacó que, a diferencia de otros sectores, los restaurantes y comercios de alimentos son auditados como hospitales por la naturaleza delicada de su producto. 

Los ejecutivos explicaron que para muchos comercios, implementar sistemas de energía alternativa como placas solares no es viable, debido a la infraestructura de sus establecimientos. Especialmente para localizados en centros comerciales.

Amenazado el sector industrial

De otro lado, la Asociación de Industriales de Puerto Rico alertó que el sector de la manufactura en la isla está perdiendo competitividad frente a otras jurisdicciones por el alto coste energético y la inestabilidad del servicio de energía.

“La situación energética de Puerto Rico requiere atención urgente y una acción legislativa decidida. Es imperativo que se haga una revisión y fiscalización del modelo de operación actual del sistema eléctrico, buscando soluciones que promuevan mayor eficiencia”, enfatizó Karen Mojica, vicepresidenta ejecutiva de la organización, durante su ponencia.

Explicó que las empresas manufactureras son el principal motor económico de la isla y generador de unos 83,000 empleos bien remunerados, según explica.

No obstante, han experimentado la fuga de empresas que ya ha supuesto la pérdida de aproximadamente mil millones de dólares y miles de empleos directos cada año. 

“Los industriales señalan que equipos de alto valor sufren daños constantes y que la producción de bienes críticos no puede permitirse interrupciones, pues incluso un segundo de apagón puede arruinar una línea de producción completa”, sostuvo Mojica.

Ante este panorama, el sector reclama incentivos para la adquisición de equipos y alternativas más precisas de medición energética. También, advierten que la falta de una infraestructura robusta y una política energética estable ahuyenta la inversión extranjera y dificulta la expansión de empresas locales.