Las partes se mantendrán informando semanalmente al tribunal sobre cómo llevan a cabo trabajos en conjunto.

Con intervención del juez superior Anthony Cuevas Ramos, el municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) acordaron unas estipulaciones nuevas dentro del pleito por el manejo del suministro de agua a la ciudad capital.

Después de que el tribunal requiriera la presencia del presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, y con representación de la Junta de Gobierno, las partes pasaron la tarde reunidos a puerta cerrada.

Al informar el resultado, que no estaba disponible por escrito de inmediato, resumieron que el chat que han estado usando desde la radicación de la demanda por parte del municipio seguirá siendo el foro oficial de comunicación. Ahora, González Delgado tendrá 45 minutos desde que se le comunica algo por el chat, para responder. El juez rehusó alargar ese periodo de tiempo y específico que, si se opone a una petición del ayuntamiento, tiene los mismos 45 minutos para proveer fundamentos. Se llegó a discutir hasta que se le va a “taggear” al funcionario para echar a correr ese reloj.

“900 páginas me dijeron que tenía el chat”, comentó el abogado de la Junta de la AAA, Ramón Dapena Guerrero.

“Sí, pues…”, le contestó el juez.

También, se estipuló sobre la operación en los predios del Estadio Hiram Bithorn de un sistema para llenar los camiones que el municipio usará para llevar agua a comunidades afectadas. Igualmente, que la AAA tiene que poner una brigada a disposición del grupo de trabajo entre el municipio y la corporación. Ese grupo tendrá hasta las 10:00 p.m. para proveer las instrucciones de trabajo de esa brigada para el día siguiente.

El nuevo director de la región metropolitana de San Juan, José Rivera Ortiz, sustituirá al consultor Esteban Fuentes Vázquez, como representante de la AAA en el comité.

Todos los viernes, el juez debe recibir un informe de los trabajos de la semana, pero el togado advirtió al municipio que tenía que notificar los incumplimientos de inmediato, no esperar hasta los informes.

Al iniciar la vista, González Delgado no estaba presente en sala por estar atendiendo el racionamiento, pero uno de sus abogados dijo que podía contactarlo si hacía falta su presencia.

“Prefiero que comparezca a sala, a que los alguaciles lo busquen”, advirtió el juez en tono serio. “Esta es una vista de desacato y no sé cuál de las dos circunstancias, para él, pueda ser una emergencia”, añadió al aludir a las consecuencias personales que puede tener una declaración de desacato al tribunal.

También, Dapena Guerrero, indicó que estaba en sala el vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AAA, Rafael López Soler, aunque no quedó claro en qué capacidad intervendría, a la luz de la renuncia del presidente del ente, Héctor del Río, el jueves. El abogado aseguró que el funcionario se enteró de la vista “hace dos horas”, mediante notificación en un chat grupal. Luego, el abogado se refirió a López Soler como “el presidente de la Junta”.

“La reciente determinación de anunciar e implementar un plan de racionamiento sin que un asunto de tal magnitud fuera previamente consultado o discutido con la Junta de Gobierno me llevó a concluir que no podía continuar ejerciendo responsablemente las funciones inherentes a mi cargo”, planteó Del Río en su carta de renuncia. González Delgado admitió que notificó, pero no consultó, a la Junta sobre la ejecución del racionamiento porque entiende que es una decisión bajo los poderes del equipo ejecutivo de la corporación.

El caso comenzó en mayo cuando el municipio sometió una demanda, largamente anticipada, contra la corporación pública. Casi de inmediato, las partes produjeron un acuerdo extrajudicial para instalar un protocolo de supervisión dobre sobre la región de San Juan. Esencialmente, el ayuntamiento obtenía acceso a información operacional y sometía recomendaciones a la AAA, que la corporación pública se comprometía a implantar o a explicar por escrito por qué no las implantaba. De ahí, se podía recurrir al tribunal para resolver disputas.

La semana pasada, el municipio solicitó una vista urgente por supuestos incumplimientos de la corporación pública. Argumentó que la AAA no ha puesto a disposición del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua el personal y las brigadas necesarias para realizar inspecciones y ajustes de válvulas, lo que, según alega, ha impedido avanzar en el restablecimiento del servicio en comunidades que aún enfrentan interrupciones.

Además, aseguró que la corporación pública ha rechazado o retrasado recomendaciones técnicas del representante municipal en el comité y que González Delgado declinó reunirse con el municipio para atender las diferencias.

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