El Municipio de San Juan (MSJ) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) encaminaron el martes el acuerdo judicial al que llegaron y que le permite al ayuntamiento insertarse en la supervisión y operaciones del sistema pluvial para estabilizar el suministro de agua a sus residentes.

El alcalde capitalino, Miguel Romero Lugo, dijo que lo más importante que había obtenido en el acuerdo era acceso a la información sobre el estado del sistema pluvial con la misma frecuencia y profundidad que maneja la propia gerencia de la corporación pública, así como que su administración se convierte en “partícipe activo en la toma de decisiones” y el tribunal retiene jurisdicción. En el día a día, esto se traduce a una actividad que los alcaldes y el personal de la AAA llaman “valvuleo”, o lo mismo que la calibración de cómo y cuándo deben manipularse las válvulas del sistema para que el agua fluya a los abonados.

Romero Lugo reconoció el “riesgo” que asume al asumir parte de la responsabilidad sobre el flujo del agua, pero depositó su confianza en Roberto Martínez Toledo, actual director del Programa de Infraestructura del Departamento de Operaciones y Ornato. Justo antes de su puesto municipal, fue director ejecutivo de la Región Metro de la AAA hasta que el actual presidente ejecutivo de la corporación, Luis González Delgado, lo removió. “Si no lo hubiesen sacado, no estaríamos aquí”, afirmó sobre el funcionario al reiterar que lo que representa el acuerdo judicial es que la AAA está “cediendo la toma de decisiones a una persona que sacaron ellos”.

Tras la primera reunión del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua que se creó con el acuerdo judicial, el alcalde dijo que no podía dar un estimado de cuándo ocurrirá la normalización del servicio porque apenas comenzaban a recibir información, pero que “yo creo que va a ser más rápido de lo que mucha gente pudiera esperar… en los próximos días”.

“Confianza no hay ninguna… hay que ganársela”, concluyó el alcalde sobre el ambiente en el grupo de trabajo que conforman Martínez Toledo por parte del municipio y el consultor Esteban Fuentes Vázquez (de Ehydraulics LLC), por parte de la AAA.

Romero y la representación de la AAA atendieron a la prensa por separado.

Al ripostar la postura del alcalde, González Delgado dijo varias veces que la confrontación y la necesidad de un acuerdo judicial se hubieran evitado “si el primer día que se llamó a Roberto Martínez me hubiese cogido el teléfono, sencillo”. Acusó también que su excompañero tiene responsabilidad en los problemas que ahora pretende resolver porque, como director de la Región Metro, hubo trabajos de mantenimiento y reemplazo de equipo “que si se hubieran hecho, no estaríamos aquí”. “Si él tenía en su momento la capacidad y potestad de poder hacerlo, ¿por qué no lo hizo?”, insistió sobre las mejoras al sistema.

González Delgado evadió contestar directamente si existe mala fe o animosidad contra su excompañero de trabajo, pero sus contestaciones dejaron claro que no percibe el acuerdo exactamente igual que lo percibe el alcalde. Rechazó que se esté iniciando un periodo de “coadministración” del sistema entre la corporación y el ayuntamiento. Es una “oportunidad genuina de que se establezca un vínculo de comunicacion adecuado”, resumió. Recordó que la transacción judicial preserva su autoridad como la última palabra sobre qué “recomendaciones” del municipio se van a implantar.

“Siempre y cuando no se vea afectada la gente y esto tengo que ser bien preciso… yo no puedo aceptar que le demos agua a unos para que otros no tengan agua”, dijo el funcionario cuando se le insistió en que dijera cuándo es que él entiende que el municipio lo puede llevar ante el tribunal por incumplimiento del acuerdo.

La transacción judicial establece que Martínez Toledo y Fuentes Vázquez, como únicos miembros del comité tendrán “la facultad de implementar aquellos ajustes manuales necesarios en las válvulas para estabilizar el sistema de agua potable; los cuales serán vinculantes para la Autoridad”. Añade que nadie puede interferir en esas decisiones, a excepción del presidente ejecutivo, quien debe justificar su intervención por escrito.

Fuentes Vázquez es un exempleado de la AAA que bajo el nombre de Ehydraulics LLC acumula contratos con valor de $2.7 millones desde 2022 con la corporación pública. De parte de la empresa, estuvieron en la reunión también Mauricio Olaya y Edith Seda. Esta fue portavoz de la Autoridad de Energía Eléctrica y estuvo vinculada a una operación para desacreditar a los opositores del contrato de operación de la red eléctrica otorgado a LUMA Energy.

El alcalde y el presidente ejecutivo coincidieron en descartar que los problemas del sistema se deban al aumento de viviendas, comercios y otro tipo de desarrollo que se le ha conectado en décadas recientes. Ambos entienden que el sistema tiene capacidad para responder, pero falla porque no se mantienen en sus niveles óptimos de mantenimiento y renovación. Para el alcalde, esa incapacidad se debe manejar con mejores “ajustes operacionales”, mientras que para el director ejecutivo se debe atender realizando los trabajos de mantenimiento y mejoras que están atrasados.

Vea:

Llegan a un acuerdo la AAA y el Municipio de San Juan