La agencia ha recuperado $56 millones del PUA de personas, que devolvieron el dinero que no les correspondía, y destituyó a cuatro empleados que solicitaron ese beneficio de forma fraudulenta.

La pandemia del Covid-19 disparó de sopetón las reclamaciones por desempleo que recibía el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

De manejar, un promedio de 56,000 reclamaciones activas al año, al 17 de noviembre, mantenía 550,871 reclamaciones activas, de las cuales 363,862 corresponden al seguro por desempleo y 187,009 a la asistencia de desempleo por la pandemia o “Fast PUA”.

“Esto representa un aumento vertiginoso de alrededor de 1,000%”, apuntó el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

Ayer, durante su presentación en las vistas de transición que celebran en el Centro de Bellas Artes en Santurce, el abogado describió el monumental desafío de atender esa avalancha de reclamaciones en medio del deterioro económico que creó la pandemia, sin los cursos humanos, ni la tecnología para facilitar el proceso.

A lo largo de una sesión de preguntas y de intercambio de información aderezada por los halagos a su gestión, Rivera Santiago alertó sobre la necesidad de inyectar fondos al Fideicomiso del Seguro por Desempleo, que actualmente cuenta con balance de $207 millones, y la urgencia de completar el proceso de adquisición de un nuevo sistema tecnológico para manejar los casos del seguro por desempleo y evitar la crisis, que desembocó en la salida de su predecesora Briseida Torres Reyes.

Apuntó que al momento hay 244,752 personas cobrando beneficios por desempleo, 6,333 reclamantes elegibles sin solicitud de pago y 71,636 reclamantes inelegibles. Quedan por atender 11,022 reclamaciones de personas que han recibido un pago parcial, pero cuyos pagos se detuvieron al no completar el trámite de certificación de las horas por desempleo y otras 30,119 personas que no han recibido ningún tipo de pago porque falta información para tramitar su reclamación.

“El 89% de las reclamaciones activas han sido atendidas. Solamente resta un 11% de las reclamaciones en proceso de ser atendidas”, aseguró.

Desde marzo, cuando comenzaron las diversas medidas de cierres de negocios y de confinamiento para evitar la propagación del peligroso virus, el Departamento del Trabajo ha desembolsado $6,405 millones en beneficios a los desempleados y cuentapropistas. Sobre 350 empleados y empleadas trabajan a tiempo completo en el trámite de las reclamaciones de desempleos. Otros 9 empleados en destaque de otras agencias colaborando en el proceso.

Rivera Santiago mencionó que la agencia destituyó a cuatro empleados que solicitaron los beneficios del PUA, pese a que trabajaban para la agencia y no habían sufrido pérdidas de ingresos. Otros cuatros empleados son investigados por la misma razón.

“No, del Departamento del Trabajo no hay ningún empleado que haya sido detectado que esté de alguna manera recibiendo dinero o prestándose para algún acto ilícito para beneficios del PUA”, indicó.

Detalló que la agencia ha recuperado $56 millones de fondos de PUA de personas que devolvieron el dinero porque no cualificaban o no eran elegibles para ese beneficio. También refirió a las autoridades estatales y federales entre 38,000 a 42,000 casos de posible fraude.

Lea también: Obstáculos en la apuesta del dinero de la reconstrucción

“Se trata de todo tipo de casos de fraude, incluye robo de identidad, usar el seguro social e información personal de alguien, mentir bajo juramento, utilizar distintos nombres en la misma dirección”, señaló a preguntas de la prensa.

Aclaró que no se trataba de 42,000 personas sino que una sola persona pudo haber realizado 15 reclamaciones indebidas.

Como parte de las gestiones para evitar el fraude, la agencia examinó su base de datos e identificó que 3,143 empleados municipales y 9,094 empleados en agencias y corporaciones públicas radicaron reclamaciones al PUA, a pesar de que estuvieron trabajando de manera ininterrumpida.

“No es oficial (el dato). Eso es lo que me aparece en mi base de datos, pero me tienen que certificar esa información los jefes de agencia y alcaldes y municipios para saber si son empleados activos”, aclaró.

El Departamento del Trabajo también recibió 504 reclamaciones de patronos objetando los cargos del seguro por desempleo.

Fideicomiso del Desempleo

Al repasar asuntos de urgencia, Rivera Santiago y la subsecretaria del Trabajo, Rebecca Maldonado, urgieron a los representes del Gobierno entrante a tomar acción rápida para atender una posible insuficiencia de fondos en el Fideicomiso de Seguro por Desempleo, que tiene un balance de $207 millones.

“A marzo, el balance sería de $100 millones si no se hiciera nada”, apuntó Maldonado.

Lea también: Encaminada la transición del gobierno

Explicó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal evalúa la situación y que se estudia la alternativa de nutrir el fondo con dinero del Cares Act o solicitar un préstamo al Tesoro federal, asunto que requería la autorización de la Junta de Control Fiscal.

No lo dijo, pero a preguntas de Carlos Yamín Rivera del Comité de Transición del Gobierno Entrante reconoció que la deuda de los patronos incide en esa insuficiencia proyectada. El Gobierno central, los municipios y la agencias pública mantienen una deuda de $49.9 millones con el seguro al desempleo y el sector privada debe $120 millones.

“No se va a dejar el Fideicomiso quebrado”, aseguró Maldonado ante las preguntas del Comité de Transición del Gobierno Entrante.

Desempleo en la Isla

Rivera Santiago indicó que el desempleo en la Isla se mantiene en un 8.3%, una cifra similar al año pasado, y la tasa de participación laboral se mantiene un 40%, pese al descalabro económico que ha causado la crisis salubrista, que hasta ayer había causado la muerte a 991 personas.

La firma de consultoría Estudios Técnicos realizó un estudio que concluyó que Puerto Rico perdió cerca de 50,000 empleos por la pandemia entre marzo y julio.

“Un desempleado es una persona que no tiene empleo y no tiene una expectativa de regresar a su trabajo”, respondió a preguntas de la prensa sobre el nivel de desempleo.

Siguiendo esta definición, dijo que la agencia no contabiliza el número de personas que no está trabajando en este momento, pero que espera retornar a su empleo cuando se levanten las restricciones gubernamentales para paliar el peligroso virus.

Contrario a otros jefes de agencias que llevan poco tiempo en el cargo y celebraron logros, Rivera Santiago, quien solo lleva en el cargo cinco meses, asumió un tono circunspecto.

“El problema no está solucionado. Está estabilizado”, afirmó al concluir su ponencia.

En sus breves comentarios a la prensa sobre la presentación de ayer, el presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, describió al Secretario como “muy honesto, fue franco con la situación del Departamento”.

“Definitivamente el Departamento de Trabajo necesita una reingeniería brutal de arriba abajo, de izquierda a derecha, que va tomar mucho tiempo”, comentó.