Abogada de OEG que trabajó en autorización para hermana del Gobernador trabaja ahora en La Fortaleza.

La hermana del Gobernador, María de la Caridad Pierluisi Urrutia, no tendrá que someter informes financieros en su nombramiento como jefa de la oficina propia del gobernador, indicó el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis A. Pérez Vargas.

El informe financiero es probablemente la herramienta principal que tiene la OEG para monitorear y confirmar el cumplimiento de ciertos funcionarios con la Ley de Ética. La información que se somete en los informes incluye el núcleo familiar y una de las prohibiciones directas que contiene la ley es que el informe refleje enriquecimiento, o condonación de obligaciones monetarias, que el funcionario no pueda explicar. Se somete cuando el funcionario asume el cargo, cuando renuncia y anualmente.

De hecho, uno de los aspectos fiscalizadores que integra el informe financiero es que el funcionario no solo tiene que proveer datos que le competen como individuo sino también datos de su núcleo familiar y de cualquier entidad o corporación en la que tengan interés, lo que amplía el campo de visión que tiene la OEG. La hermana del Gobernador está casada con un abogado que se ha dedicado al área de cabildeo de asuntos gubernamentales. Pierluisi Urrutia ha dicho que ningún familiar suyo tendrá contratos con el gobierno.

Hay una serie de funcionarios enumerados en la Ley de Ética que tienen que someter los informes y el denominador común es que tengan el poder de emitir “determinación final” sobre varios asuntos en el gobierno. Además, los gobernadores pueden eximir a algún funcionario del requisito de someter informes mientras que el director de la OEG puede modificar también la lista de los que tienen esa obligación.

En el 2017, cuando el entonces presidente, Donald J. Trump, comenzó a abrirle responsabilidades y espacios en la Casa Blanca a su hija, Ivanka, la Oficina de Ética Gubernamental federal empujó para que se le clasificara como una empleada de manera tal que cayera bajo la jurisdicción de esa entidad y especialmente para que estuviera obligada a someter informes financieros. Pero ese ejemplo, no se aplicó completamente en el caso de la hermana del Gobernador.

Pierluisi Urrutia ejercerá sus funciones sin cobrar, “ad honorem”, pero la OEG la clasificó como una “servidora pública” sujeta a todas las obligaciones de la ley y a la jurisdicción de la Oficina. Sin embargo, la carta de la OEG sobre la designación nada dice de los informes financieros, aspecto que fue precisado cuando NotiCel le preguntó a Pérez Vargas.

La determinación de la OEG ocurrió el 3 de diciembre después de una consulta del entonces gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia.

El propio Pérez Vargas y la directora auxiliar del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación, Cristina Isabel Dávila Pernas, trabajaron el escrito siendo la funcionaria la que produjo el borrador inicial de la opinión de la OEG. Sin embargo, el 7 de enero, poco más de un mes después de la trabajar la consulta, Dávila Pernas renunció a su posición de confianza en la OEG y se acogió a una licencia sin sueldo para ir a trabajar en La Fortaleza como asesora legal auxiliar, según confirmó la Mansión Ejecutiva.

Pérez Vargas dijo que no conocía de las intenciones de su subalterna, quien es empleada de carrera en la OEG, en diciembre cuando trabajaron la opinión y que fue el 7 de enero, el mismo día que la oficina reanudó labores tras el receso navideño, que supo de su decisión de trabajar en Fortaleza.

NotiCel intentó en varias ocasiones hablar con la hermana del Gobernador, pero no fue posible. De la misma manera, se solicitó a La Fortaleza acceso a Dávila Pernas.

El director de la OEG dijo que no le preocupa que la decisión laboral de su subalterna haya influenciado su contestación a la consulta del gobernador electo porque eso sería implicar que él es “manipulable”, lo cual rechazó. Defendió también que son válidas las licencias sin sueldo para prestar servicios en otras agencias y, específicamente, para convertirse en empleado de confianza de la Oficina del Gobernador o de la Asamblea Legislativa, según la ley.

Además, reiteró que la decisión de la OEG de autorizar la designación pero clasificarla como “servidora pública” sujeta a las prohibiciones de la Ley de Ética, las actuales y las que le aplicarían cuando deje el cargo, es preferible a que simplemente Pierluisi Urrutia quedara bajo la Oficina de la Primera Dama.

“Lo mejor que pudo pasar es que fuera ‘ad honorem’ y no que la asignara a la Oficina de la Primera Dama”, dijo al apuntar que, en el pasado, las hijas de la exgobernadora Sila Calderón, las hijas de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, y la esposa del exgobernador, Luis Fortuño, han tenido acceso a trámites y documentos de gobierno como “primeras damas”, pero han estado fuera de la jurisdicción de la Ley de Ética.

Empero, sin la obligación de someter informes financieros, la fiscalización del desempeño de Pierluisi Urrutia como jefa de la Oficina del Gobernador quedará limitado a que se presente evidencia de alguna violación a la ley. Pérez Vargas insistió en que la obligación de radicar informes no es “punitiva” ni tiene que ver con quién la persona está casada, sino que está limitada por ley a unas funciones dentro del gobierno. El poder de la Oficina para requerir la radicación de informes financieros ha sido validado en los tribunales hasta para miembros de juntas que representan a los consumidores, como ocurrió con el exesposo de Calderón, Adolfo Krans Bell, quien enfrentó multa por no radicar informes siendo representante de los consumidores en la Junta de Entidades Participantes del Centro Médico adscrita a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).

Algunas de las prohibiciones de acción que enfrenta Pierluisi Urrutia en su posición ‘ad honorem’ son:

“Un servidor público no puede representar, directa o indirectamente, a una persona privada o negocio, con relación a una acción oficial, si él, un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparte su residencia ha participado, participará o probablemente participe en la disposición de esa acción oficial”.

“Tampoco un servidor público puede intervenir directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparta su residencia, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos”.

El gobernador Pierluisi Urrutia, quien estuvo toda la campaña prometiendo que ningún pariente tendría contrato o puesto en el gobierno, anunció la designación de su hermana el 5 de enero pasado, después de que esta se desempeñara como su directora de campaña política. A la vez que trabajaba como directora de campaña, Pierluisi Urrutia y su esposo mantuvieron contratos con la Autoridad para el Distrito de Convenciones, cuya directora ejecutiva, Noelia García Bardales, se convirtió en secretaria de la Gobernación.

"Trabajará en mi oficina propia en gestiones oficiales… Ella básicamente estará asistiéndome en todo lo que conlleva el trabajo en mi oficina. Llevará el calendario, las reuniones, las comunicaciones que emito y ese tipo de cosas”, dijo el Gobernador al momento del anuncio.

Para ver la opinión de la OEG sobre la designación de Pierluisi Urrutia, pulse aquí.