La obesidad es considerada uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, y aunque la economía global gasta sobre $2 billones en tratar los problemas de salud a raíz de este mal, las campañas educativas parecen no servir de mucho.

Más de 600 millones de personas, o el 13% de la población adulta mundial, son obesas. La proporción subió más del doble entre 1980 y 2014, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A menudo, los países que intentan controlar este problema de salud pública hacen frente a acusaciones de ser un estado sobreprotector, y se encuentran con la oposición de empresas de alimentos y bebidas.

De cualqueir modo, los intentos han sido irregulares y los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué, si es que hay algo, funciona.

Recientemente, en Puerto Rico se discute si multar a los padres que no consigan que sus hijos pierdan peso. Pero, funcionaría una medida de este tipo en cualquier sitio?

Hasta ahora, las políticas contra la obesidad se han centrado principalmente en imponer tasas o en ofrecer información.

En 2011, Dinamarca introdujo un ‘impuesto a la grasa’ en alimentos que contienen más del 2.3% de grasa saturada, pero el alza de precios impulsó a los consumidores a cruzar la frontera hacia Alemania. La medida se revocó un año más tarde y el gobierno canceló planes de poner un impuesto al azúcar.

En 2012, Francia cuadriplicó su impuesto sobre el aceite de palma enriquecido con grasa saturada, con lo que se dobló ‘la tasa Nutella’ porque el popular producto contenía el ingrediente.

Votantes en Berkeley, California, respaldaron propuestas para imponer un impuesto de un centavo por 28 gramos de azúcar en bebidas gaseosas, en un referendo el año pasado. Mientras, las bebidas fueron vetadas de las escuelas en Nueva Gales del Sur, Australia, en 2007 pero no siempre se ha respetado la medida.

Entretanto, las familias británicas y de distintos estados de EE.UU. reciben cartas de advertencia cuando los informes escolares reflejan que los hijos tienen sobrepeso.

En Puerto Rico se delibera si el gobierno debe involucrarse más en una de las razones que se percibe como más importante para explicar el crecimiento de la obesidad infantil: una crianza irresponsable.

Si la Legislatura aprueba los planes del senador Gilberto Rodríguez Valle, los profesores deberán estar atentos a estudiantes que, en su opinión, estén obesos. Así, deberán referir los casos que detecten a un consejero o, en situaciones severas, a un asistente social. Funcionarios de salud se encontrarán con los padres y decidirán si la obesidad está causada por comer demasiado o es una condición médica.

Si el problema es la comida, los padres tendrán que establecer una dieta y un programa de ejercicios, con visitas mensuales por parte de las autoridades para asegurarse de que se sigue el plan. Después de seis meses, examinarán de nuevo al niño. Los padres se enfrentarán a multas de hasta $800 si no mejora en un año.

Los opositores dicen que, en una sociedad en la que la delgadez se ha convertido en un símbolo de status perpetuado por las revistas y las imágenes de los medios, la idea de que los profesores se comporten como un cuerpo policial no hará más que aumentar el estigma sobre la gente con sobrepeso.

Para la historia completa, visite la BBC.