Denuncian que no se llevó a cabo un proceso amplio de evaluación y discusión pública sobre sus condiciones y consecuencias para Vieques.
El plan proyecta iniciar la ruta directa hacia Ceiba en el verano de 2028, reduciendo la distancia de 11 a 7.6 millas náuticas/Imagen suministrada.
A pesar de que ha sido motivo de discusión por más de dos décadas, un grupo de viequenses objetó la manera en que la Legislatura Municipal de Vieques autorizó el acuerdo para ceder el uso de las instalaciones en Bahía Puerto Mosquito a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) por un periodo de 16 años, para establecer un centro de transporte de carga y pasajeros entre Vieques y Ceiba.
La idea existe desde hace varias décadas, pero se volvió viable cuando la Marina de Estados Unidos cerró la base Roosevelt Roads en Ceiba y devolvió los terrenos de Vieques a principios de los años 2000. El gobierno de Ricardo Rosselló movió las operaciones de Fajardo al Muelle 2 de Roosevelt Roads en Ceiba bajo el nombre de «ruta corta». Sin embargo, las embarcaciones siguieron llegando al muelle tradicional de Isabel II en Vieques porque el Muelle Mosquito no tenía la infraestructura lista.
El gobierno actual anunció un acuerdo entre el Municipio de Vieques y ATI para invertir más de $30 millones en la reconstrucción del Muelle Mosquito. El plan proyecta iniciar la ruta directa hacia Ceiba en el verano de 2028, reduciendo la distancia de 11 a 7.6 millas náuticas.
Sin embargo, esta mañana fue divulgado un comunicado en que se dice que «la comunidad viequense» expresó preocupación ante la ratificación del acuerdo, que ya había sido firmado por el alcalde José A. Corcino y el director de la ATI, Josué Colón y, posteriormente, fue entregado a la Legislatura Municipal el 10 de noviembre de 2026 y ratificado el 16 de noviembre de 2026.
“Nos preocupa que un acuerdo de esta magnitud llegara ya firmado como documento oficial, antes de que se llevara a cabo un proceso amplio de evaluación y discusión pública sobre sus condiciones y consecuencias para Vieques. A esto se suma la falta de participación ciudadana durante el proceso. Se nos restringió el acceso a los residentes a la sala donde se celebraba la sesión legislativa debido a la limitación de espacios y se negó la transmisión en vivo de los trabajos y una integrante de la comunidad fue removida de la sala luego de comenzar a grabar la sesión y cuestionar las limitaciones de transparencia del proceso. Estas circunstancias obstaculizaron las oportunidades de la ciudadanía para conocer, observar y dar seguimiento a una decisión que compromete el uso de un bien municipal por los próximos 16 años”, explicaron los portavoces, que no fueron identificados.
Detallaron que más de 200 residentes de Vieques firmaron una petición que fue entregada formalmente a la Legislatura Municipal exigiendo que la ordenanza relacionada con el “Acuerdo de Cesión y Uso de Instalaciones Municipales en Bahía Puerto Mosquito para establecer un Centro de Transporte de Carga y Pasajeros entre el Municipio Autónomo de Vieques y la Autoridad de Transporte Integrado” fuera retirada del proceso de aprobación y devuelta a comisión para su evaluación y la celebración de vistas públicas.
Recalcaron, además, que los residentes solicitaron que, antes de aprobar el acuerdo, se evaluaran aspectos fundamentales como las delimitaciones del terreno, los planos preliminares del área, los estudios de impacto económico y ambiental, el cronograma de construcción y las posibles consecuencias socioeconómicas del proyecto para nuestra isla y su comunidad local.
“A pesar de esta petición, respaldada por más de 200 residentes y entregada a la Legislatura Municipal, el proceso continuó hasta la ratificación del acuerdo que se produjo mediante una votación de 7 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención y 2 legisladores ausentes”, destacaron.
Ante esta decisión, los viequenses exigen respuestas sobre la necesidad de ceder terrenos gratuitamente por un periodo de 16 años.
“Son muchas las preguntas para las que pedimos respuestas. ¿Por qué la ATI tendría el control de quién puede ofrecer servicios y hacer negocios en esas instalaciones ¿Qué recibe el Municipio a cambio de permitir que esos terrenos sean explotados comercialmente por terceros? ¿Por qué no se establecen garantías claras para asegurar un servicio marítimo eficiente y continuo para nuestra gente? ¿Qué sucede si la ATI incumple el acuerdo? ¿Qué herramientas tiene el Municipio para defender sus intereses? ¿Por qué Vieques tendría que devolver el dinero invertido si en algún momento decide terminar el contrato? ¿Dónde queda la participación de los comerciantes y de la comunidad viequense en las decisiones sobre ese espacio? ¿Los viequenses queremos saber y necesitamos que se nos explique?, puntualizaron.
Los residentes insistieron que las decisiones sobre la transportación marítima no pueden ser tomadas, según ellos, al margen de la comunidad sin considerar las consecuencias económicas, ambientales y sociales que tendrán para Vieques. El desarrollo debe beneficiar a Vieques y a su gente, no solamente a las agencias y entidades que buscan administrar y explotar comercialmente lo que les pertenece.
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