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Nueva ley evita cortes de agua y luz con planes de pago según los ingresos de la familia

La medida convertida en ley limita el pago inicial a entre 5% y 20% de la deuda y extiende planes de pago y prorrateo a los pequeños comercios.

Por Javier Colón Dávila Nov 19, 2026
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Nueva ley evita cortes de agua y luz con planes de pago según los ingresos de la familia

Acueductos objetó el lenguaje que limita los planes de pago a un abono inicial máximo de 10% de la deuda y a una mensualidad que no exceda los $100, advirtiendo que dicha limitación podría afectar negativamente los ingresos. Archivo/NotiCel.

La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley un proyecto que crea la “Ley de Planes de Pagos para Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales”, para que las deudas por agua potable y energía eléctrica se paguen conforme a la capacidad de ingresos de cada cliente y se evite la suspensión del servicio.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se opuso señalando que cuenta con mecanismos para atender a clientes con deudas, mediante la concesión de planes de pago que describe como «razonables y flexibles» conforme a la capacidad económica de cada abonado. También objetó el lenguaje que limita los planes de pago a un abono inicial máximo de 10% de la deuda y a una mensualidad que no exceda los $100, advirtiendo que dicha limitaciónn podría afectar negativamente los ingresos.

LUMA también se opuso al sostener que la nueva ley tiene el efecto de «desfinanciar» componentes esenciales del sistema eléctrico.

La exposición de motivos señala que estos servicios son necesidades básicas y critica que LUMA Energy requiera el 50% de la deuda para aprobar un plan de pago, algo que, según el texto, muchas familias no pueden cumplir.

Para los clientes residenciales, el pago inicial y la mensualidad se determinarían según la capacidad económica de la unidad familiar. El pago inicial sería de entre 5% y 20% de la deuda, y las mensualidades no podrían superar el 5% del ingreso mensual familiar. Además, se prohibiría cobrar interés en deudas menores de $5,000. Para acreditar sus ingresos, el cliente podría presentar la planilla, talonarios o una certificación del patrono.

La medida dedica un artículo a los pequeños comercios, definidos como clientes no residenciales de la tarifa de Servicio General a Voltaje de Distribución Secundaria con carga conectada menor de 50 kilovoltamperios. El texto recuerda que el Negociado de Energía aprobó, para el trimestre de octubre a diciembre de 2026, un aumento neto de 5.2848 centavos por kilovatio-hora, con lo cual la factura de un comercio que consume 1,200 kilovatios-hora subió de $371.82 a $435.24, un alza de 17.1%.

Para esos comercios, el pago inicial no excedería de 10% de la deuda y no se exigiría a quien no haya tenido más de un atraso en los 12 meses previos. El plan sería de hasta 24 meses, o de hasta 36 si la deuda supera $10,000, sin intereses durante el primer año. Mientras cumplan, no se les cobrarían cargos por mora ni se les suspendería el servicio por esa deuda. El incumplimiento de dos plazos consecutivos conllevaría la pérdida del plan, que se restituiría una sola vez si se pagan los plazos vencidos.

Cuando los factores trimestrales de combustible y compra de energía suban tres centavos por kilovatio-hora o más, los pequeños comercios podrían pagar la porción de la factura atribuible al aumento en hasta seis plazos mensuales iguales, sin intereses ni mora. El Negociado de Energía tendría 90 días para evaluar una opción de facturación nivelada basada en el consumo promedio de los 12 meses anteriores, entre otros mecanismos.

El proyecto dice que no se condona el principal de ninguna deuda, que aplicaría prospectivamente a solicitudes presentadas tras su vigencia y que se implementaría sin menoscabar las obligaciones del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. El proveedor de energía tendría que rendir informes semestrales al Negociado de Energía y a la Asamblea Legislativa.

Los clientes que entiendan que su plan incumple la ley podrían pedir revisión administrativa ante el proveedor o el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que debe resolver en 30 días. La Ley entraría en vigor 60 días después de su aprobación.

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