Dijo que tomó acciones oficiales cuando Janet Parra fue contratada en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y que él no buscaba lucrarse al contratarla luego para un asunto personal.

El exsecretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech Fernández, presentó este miércoles una contestación formal a la querella radicada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), en la que solicita la desestimación del caso y rechaza haber violado el Artículo 4.6(c) de la Ley de Ética Gubernamental.

Domenech solicita que se declare «no ha lugar» la querella, que se ordene su desestimación y archivo, y que se rechace cualquier intento de imponer sanciones, multas, restituciones o retenciones en su contra.

En el escrito presentado ante la OEG, la defensa de Domenech sostiene que la querella no expone hechos suficientes para justificar la imposición de sanciones y argumenta que la actuación que se le atribuye no constituye una «acción oficial» ejercida sobre la licenciada Janet Parra Mercado.

La controversia gira en torno a la participación de Domenech, cuando ocupaba la Secretaría de la Gobernación, en el proceso de revisión de contratos gubernamentales que incluyó una solicitud relacionada con un contrato otorgado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a Parra Mercado. Posteriormente, tras salir del servicio público, Domenech contrató a la abogada para representarlo en un asunto personal ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, según reconoce el propio documento.

La defensa, en un escrito del abogado Iván Rivera, argumenta que la Secretaría de la Gobernación no selecciona contratistas ni negocia contratos, sino que ejerce una función de supervisión fiscal junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Según el escrito, la determinación emitida el 18 de agosto de 2025 fue una comunicación de «no objeción» dirigida a la CFSE y no una actuación particular sobre Parra Mercado.

Además, el documento sostiene que Domenech no participó en la selección de la contratista, no intervino en la negociación de sus honorarios con la corporación pública y tampoco fue parte del contrato suscrito entre la CFSE y la abogada. La defensa también señala que la vigencia de dicho contrato culminó antes de que Domenech abandonara el cargo público.

Entre sus principales defensas, el exfuncionario argumenta que la disposición legal invocada por la OEG está diseñada para impedir que exservidores públicos obtengan empleos, contratos o beneficios económicos de entidades a las que favorecieron durante su gestión pública. En contraste, sostiene que él no recibió ningún beneficio económico de Parra Mercado, sino que actuó como cliente y le paga honorarios por servicios legales.

La contestación también plantea que una interpretación amplia del artículo citado afectaría el derecho constitucional de un ciudadano a escoger libremente su representación legal. Asimismo, cuestiona la constitucionalidad de la aplicación propuesta por la OEG y alega ausencia de daño al erario, inexistencia de beneficio económico y falta de precedentes que advirtieran sobre una prohibición de contratar a un abogado para una defensa personal en circunstancias similares.

De igual forma, la defensa sostiene que la OEG ha resuelto anteriormente situaciones similares sin concluir que constituyeran violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por lo que invoca doctrinas como impedimento colateral y cosa juzgada.