Que podrían superar los $20 millones. El organismo advirtió que las deudas sin resolver representan un riesgo fiscal significativo para el presupuesto certificado del año fiscal 2027.

La Junta de Supervisión Fiscal advirtió que las obligaciones pendientes del Programa de Educación Especial podrían superar los $20 millones y requirió a la agencia un informe completo de todas sus deudas en o antes del 6 de noviembre.

En una carta del 2 de noviembre dirigida al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP, Orlando Rivera Berríos y al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, el organismo expresó preocupación por la información presentada previamente por Educación y señaló que las discrepancias entre sus documentos impiden determinar el total adeudado y evaluar las necesidades de financiamiento.

La Junta recordó que el 29 de mayo solicitó a la OPG y a Educación un estimado de las obligaciones de los programas de Educación Especial y Remedio Provisional. También pidió confirmar si el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 incluía fondos suficientes para cubrir ambos programas. El 30 de julio y el 26 de agosto, el organismo solicitó una conciliación de todas las obligaciones pendientes de años anteriores, independientemente de las circunstancias que provocaron los impagos.

Información no establece el total adeudado

Educación presentó su conciliación final el 15 de septiembre e informó obligaciones pendientes de aproximadamente $11 millones a $14 millones. Según la Junta, los datos cubrían únicamente servicios educativos y terapias, sin precisar si comprendían todas las deudas del programa.

El organismo recibió, además, información sobre obligaciones pendientes por transportación escolar que podrían representar unos $5.5 millones adicionales.

A partir de los datos disponibles, la Junta sostuvo que el total adeudado por Educación Especial podría exceder los $20 millones, aunque Educación todavía no ha establecido el alcance completo de esas obligaciones.

La carta también señala que no está claro si las facturas permanecen sin pagar por insuficiencia de fondos, porque los costos excedieron las cantidades contratadas o por retrasos en los desembolsos, aun cuando se aprobaron recursos mediante solicitudes de reprogramación presupuestaria durante el año fiscal 2026.

La Junta indicó que estas diferencias generan preocupación sobre si la información sometida ofrece una base completa y confiable para tomar decisiones presupuestarias, especialmente ante las solicitudes continuas de fondos adicionales para atender obligaciones pendientes. Por ello, requirió a Educación conciliar los balances y aclarar el estado de cada factura, incluida la confirmación de si se aprobaron fondos y, de ser así, por qué los pagos siguen pendientes.

El organismo advirtió que las deudas sin resolver representan un riesgo fiscal significativo para el presupuesto certificado del año fiscal 2027.

Según la Junta, Educación continúa enfrentando presiones estructurales, entre ellas la dependencia de recursos no recurrentes para financiar obligaciones recurrentes y las solicitudes de fondos adicionales para cubrir deudas de años anteriores que no se divulgaron durante la preparación del presupuesto.

La Junta solicitó un informe de todas las deudas pendientes de Educación, no solo las relacionadas con Educación Especial, acompañado de un análisis que concilie con las cifras presentadas.

Educación deberá distinguir las obligaciones del año fiscal corriente de las de años anteriores e identificar el año fiscal en que se incurrió en cada deuda. La clasificación deberá cumplir con las guías de la OGP para implementar las normas de contabilidad de acumulación modificada con fines presupuestarios.