Algunos actos son atribuidos a un capitán de la policía y se alega, en cuanto a la responsabilidad del alcalde, que Eladio Cardona Quiles supuestamente conocía las situaciones mediante reuniones, comunicaciones escritas y quejas verbales.

Tres agentes de la Policía Municipal de San Sebastián presentaron una demanda civil contra el municipio y su alcalde, Eladio Cardona Quiles, por supuestos actos de discrimen, hostigamiento laboral, represalias y violaciones de derechos civiles, en la que reclaman compensaciones estimadas en $748,000.

La acción judicial presentada el 12 de octubre ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, fue radicada por Carlos José Soto Rodríguez, José Valentín Ruiz y William González Ríos. Los demandantes atribuyen parte de las actuaciones al capitán Samuel Ríos Núñez y sostienen que la administración municipal conocía sus denuncias sin adoptar medidas correctivas efectivas.

En el caso de Soto Rodríguez, el documento judicial relata que el capitán supuestamente calificó sus relaciones de pareja como “pecaminosas” y contrarias a sus creencias religiosas durante una conversación en el Centro de Operaciones de Emergencia.

La demanda también señala que, durante la mudanza al nuevo cuartel en 2024, el supervisor ordenó retirar el casillero que utilizaba el agente en el baño de damas y colocó un rótulo que decía “hombres, favor de utilizar el baño de hombres”. Según la reclamación, la medida estuvo dirigida específicamente contra Soto Rodríguez y lo humilló ante sus compañeros.

Otro episodio descrito ocurrió el 23 de febrero de 2025, cuando el capitán supuestamente abrió las gavetas de un escritorio compartido, retiró únicamente las pertenencias de Soto Rodríguez y las colocó en el comedor.

El agente sostiene que, luego de presentar una querella por discrimen y hostigamiento en julio de 2025, fue separado temporalmente de sus funciones durante dos meses, perdió su balance de tiempo compensatorio y posteriormente le retiraron la motocicleta oficial que tenía asignada.

Respecto a Valentín Ruiz, quien ocupaba el rango de sargento, la demanda sostiene que su separación del empleo respondió supuestamente a motivos político-partidistas y represalias por denunciar actuaciones de sus superiores.

Según el expediente, Valentín Ruiz militaba en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y colaboraba con Bryan Esteves, quien fue electo presidente municipal de esa colectividad el 30 de junio de 2026. Poco después, el municipio decidió no continuar su relación laboral bajo el argumento de que había vencido su contrato.

“La terminación del contrato es un subterfugio para ocultar el discrimen político y las represalias”, sostiene la demanda, que señala que el municipio había renovado consecutivamente sus contratos y que las funciones policiales que desempeñaba eran permanentes.

El documento también relata que, el 17 de enero de 2026, el capitán Ríos Núñez supuestamente ordenó al entonces sargento atender latas de cerveza y basura en el estacionamiento de una escuela, una instrucción que el demandante consideró ajena a sus responsabilidades de supervisión.

Por su parte, González Ríos, con casi 28 años de servicio, reclama que la administración municipal incumplió acomodos razonables concedidos desde marzo de 2011 por condiciones médicas y creencias religiosas.

Según la demanda, esos acuerdos establecían un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con sábados y domingos libres y sin exposición prolongada al sol.

El agente sostiene que padece diabetes y una condición dermatológica que le impide permanecer bajo el sol durante más de 20 minutos. Sin embargo, relata que fue asignado a dirigir el tránsito a plena luz solar durante casi dos horas.

Cuando otro policía solicitó autorización para relevarlo, el capitán supuestamente se negó y ordenó dejarlo allí “para que cogiera un poco de sol”, según recoge el documento judicial.

La reclamación incluye una relación de turnos asignados entre julio de 2025 y agosto de 2026 que, según González Ríos, incumplieron sus restricciones médicas y religiosas.

También atribuye al capitán expresiones en las que supuestamente afirmó que podía modificarle el acomodo “cuando quisiera por necesidad de servicio”.

El demandante sostiene, además, que fue excluido de oportunidades de ascenso y de funciones de supervisión mientras se consideraba a agentes con menor antigüedad.

En cuanto a la responsabilidad del alcalde, la demanda establece que Cardona Quiles supuestamente conocía las situaciones mediante reuniones, comunicaciones escritas y quejas verbales.

“El Alcalde, como autoridad nominadora y primer ejecutivo, conoció personalmente las situaciones de los demandantes por reuniones, quejas verbales y escritos dirigidos a su Oficina”, señala el documento en su alegación número 87.

Los demandantes solicitan compensaciones por daños físicos, angustias mentales, pérdidas salariales y beneficios laborales. También reclaman la reinstalación de Valentín Ruiz, el cumplimiento de los acomodos razonables de González Ríos y la restitución del tiempo compensatorio y la motocicleta oficial de Soto Rodríguez.

La demanda incluye reclamaciones bajo la Ley 115 de 1991, relacionada con represalias laborales; la Ley 44 de 1985, sobre discrimen por impedimento; y disposiciones constitucionales y federales de derechos civiles.

Los hechos descritos son alegaciones de la parte demandante y están sujetos a evaluación judicial. La presentación de la demanda no constituye una determinación de responsabilidad contra el alcalde, el municipio ni los funcionarios mencionados.