La delegación popular radicó dos proyectos para atender la brecha digital y evitar que el CRIM revoque la exoneración residencial a personas que viven en centros de cuidado prolongado.
El portavoz de la delegación, Luis Javier Hernández Ortiz, durante la conferencia de hoy. (Suministrada).
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado anunció el lunes la radicación de dos medidas dirigidas a atender necesidades de los adultos mayores; una para garantizar alternativas presenciales y telefónicas a los servicios gubernamentales digitales, y otra para proteger la exoneración contributiva de quienes se encuentran en centros de cuidado prolongado.
El portavoz de la delegación, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que el Gobierno debe adaptar sus servicios al envejecimiento de la población y evitar que la tecnología se convierta en un obstáculo para acceder a trámites esenciales.
Según datos del Instituto de Estadísticas citados por el legislador, el índice de vejez aumentó un 41% entre 2020 y 2025. Actualmente, hay 237 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años en Puerto Rico.
“Si bien creemos en la tecnología, esta no puede ser una barrera y menos para nuestros adultos mayores”, expresó Hernández Ortiz durante una conferencia de prensa.
El Proyecto del Senado 1494 busca enmendar la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y la Ley de Gobierno Electrónico para garantizar que los ciudadanos puedan recibir servicios públicos independientemente de que tengan acceso a internet, dispositivos electrónicos o conocimientos para utilizarlos.
La iniciativa, impulsada por la senadora Ada Álvarez Conde, propone crear la Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico, adscrita a PRITS, como un mecanismo permanente de coordinación entre agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, representantes de la industria de telecomunicaciones y entidades municipales.
La portavoz alterna del PPD, Marially González Huertas, explicó que la propuesta también establecería un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos para las agencias e instrumentalidades públicas.
El protocolo deberá contemplar asistencia presencial y telefónica, estándares mínimos de tiempo de espera y trato al ciudadano, así como el aprovechamiento de instalaciones existentes para facilitar el acceso a los servicios.
Entre los espacios que podrían utilizarse figuran los Centros de Servicios Integrados, las bibliotecas públicas, los centros de personas de edad avanzada y las oficinas municipales.
La alianza estaría presidida por el director ejecutivo de PRITS e incluiría al procurador de las Personas de Edad Avanzada, representantes de los departamentos de Estado y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, organizaciones sin fines de lucro —incluida AARP Puerto Rico, de estar disponible—, la industria de telecomunicaciones y las asociaciones de alcaldes.
La medida también dispone que PRITS identifique fondos federales y reserve una partida presupuestaria para implementar el protocolo. Además, la agencia tendría que recopilar datos anuales sobre el acceso y uso de la tecnología entre esta población y presentar un informe a la Asamblea Legislativa.
De aprobarse, la ley entraría en vigor inmediatamente y PRITS tendría 180 días para adoptar el protocolo.
Hernández Ortiz defendió la iniciativa al aludir a las dificultades que enfrentan los adultos mayores para realizar gestiones gubernamentales y recordó las imágenes de cientos de ciudadanos que tuvieron que acudir a San Juan para recibir servicios.
El legislador cuestionó que el Gobierno no aproveche las instalaciones regionales y municipales para acercar los servicios a las comunidades.
La segunda medida anunciada, el Proyecto del Senado 1543, propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para impedir que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) revoque o deniegue la exoneración contributiva residencial de una propiedad principal por el hecho de que su dueño se encuentre en un centro de cuidado prolongado.
La propuesta busca establecer expresamente esa protección en el Artículo 7.035 de la Ley 107-2020, que regula las exenciones contributivas sobre la propiedad inmueble.
La delegación popular presentó ambas iniciativas como parte de sus esfuerzos para atender las necesidades de los adultos mayores, tanto en el acceso a los servicios públicos como en la protección de su vivienda principal.
El Proyecto del Senado 1494 fue referido a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial para su evaluación. La información divulgada no precisó el trámite legislativo que seguirá el Proyecto del Senado 1543.
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