Blanca Medina ha dicho que fue despedida por negarse a firmar dos contratos. Uno lo tildó como ilegal y el otro como innecesario.

El representante por Caguas, José “Conny” Varela, solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que cite a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, a una sesión de interpelación ante el pleno del Cuerpo, para que declare bajo juramento sobre las circunstancias de su destitución y sobre las alegadas presiones que recibió para firmar documentos relacionados con un contrato de hasta $38 millones.

“Estamos ante alegaciones de extrema gravedad. Una funcionaria que dirigía la agencia que administra la asistencia a las familias más necesitadas de Puerto Rico ha dicho públicamente que fue presionada y hostigada para firmar un contrato sobre el cual tenía reservas, y que luego fue despedida. Por otro lado, el Gobierno dice que fue por insubordinación. Ambas versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y el pueblo merece conocer la verdad, bajo juramento y ante sus representantes”, expresó Varela.

Según ha trascendido públicamente, el contrato en cuestión sería con la empresa NOLA Education LLC para implantar el programa Star Academy en 25 escuelas públicas, con un alcance de cerca de 2,000 estudiantes, y se costearía con fondos federales del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Medina Díaz habría dejado constancia por escrito, en una comunicación del 20 de mayo de 2026 dirigida a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, de que ADSEF no participó en la evaluación de propuestas, la selección de la compañía ni la adjudicación del proyecto.

La destitución de Medina Díaz fue confirmada el pasado lunes por la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, quien la atribuyó a insubordinación y a deficiencias en su desempeño, y negó que el despido guardara relación con contrato alguno. La secretaria de la Familia, por su parte, ha calificado de falsas las expresiones de la exadministradora.

“Cuando se trata de fondos federales destinados a familias de escasos recursos, no puede quedar la más mínima duda sobre cómo se toman las decisiones. Si ADSEF, que es la agencia responsable de esos fondos, no participó en la evaluación ni en la selección, hay que preguntarse quién lo hizo, bajo qué procedimiento y por qué se pretendía que su administradora firmara. Un error en el manejo de estos fondos puede exponer a Puerto Rico a sanciones del Gobierno federal y, en última instancia, afectar a las familias que dependen de estos programas”, añadió el legislador.

Varela destacó que la Cámara de Representantes no debe quedarse rezagada en el ejercicio de su deber constitucional de fiscalizar. A su juicio, una sesión de interpelación ante el pleno ofrece el foro más transparente para que todos los legisladores, de todas las delegaciones, puedan formular preguntas directamente y que el país escuche los hechos de primera mano.

“Esto no es un asunto de colores políticos. Es un asunto de transparencia, de sana administración y de respeto a las familias que reciben servicios del Departamento de la Familia. Confío en que el presidente Méndez atenderá esta solicitud con la seriedad y la premura que el asunto amerita. Luego de escuchar a la exadministradora, la Cámara debe dar igual oportunidad a la secretaria de la Familia para que presente su versión, de modo que el pueblo tenga el cuadro completo”, concluyó Varela.

El representante informó que la solicitud fue remitida mediante carta al presidente de la Cámara y que, de ser necesario, radicará la medida legislativa correspondiente para viabilizar la comparecencia.