El proyecto requiere sacar una licencia y establece los pasos para presentar querellas contra gestores ante el DACO. También contempla multas cada violación. Además, dispone que ejercer la profesión ilegalmente se considerará un delito menos grave.

El representante penepé Jorge Navarro ha radicado un proyecto de ley con que pretende regular la profesión de la gestoría en el gobierno.

Estos individuos típicamente realizan gestiones, a favor de terceros, ante el gobierno en asuntos tan diversos como la radicación de planillas, obtención de certificaciones de deuda, solicitudes de actas en el Registro Demográfico y tramites de permisos ante la Oficina de Gerencia de Permisos.

Según Navarro estipula en el Proyecto de la Cámara 1427, la única regulación sobre la profesión está contenida en la Ley de Tránsito y en el contexto del gestor de licencias. Mientras, el legislador señala quue se han documentado casos de fraude entre gestores en esquemas de expedición de documentos falsos, entre otras irregularidades.

Según Navarro Suárez, “quienes más dependen de estos servicios son, precisamente, las personas más vulnerables: adultos mayores, personas con impedimentos, ciudadanos que residen lejos de las oficinas regionales de las agencias”, destacó. “El gestor no es un lujo, sino la única vía práctica para cumplir con obligaciones legales y obtener documentos indispensables”, afirmó en declaraciones escritas.

Así, con el proyecto de ley se tendría que gestionar una licencia administrativa a través del Departamento de Asuntos del Consumidor. Todo gestor también tendría que inscribirse en un registro público, prestar una fianza o un seguro de responsabilidad profesional de no menos de $10,000 a favor de sus clientes, están inscrito en el Registro de Comerciantes, aprobar un curso sobre la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, otro sobre la Ley de Ética Gubernamental y acreditar que no ha sido convicto de delitos contra la propiedad o la fe pública.

La licencia tendrá una vigencia de dos años y la propuesta ley requerirá que todo servicio de gestoría esté estipulado en un contrato.

El proyecto define al gestor así: “toda persona natural o jurídica que, a cambio de honorarios, compensación o remuneración de cualquier clase, se dedica de manera habitual a gestionar, tramitar, solicitar, radicar, obtener, retirar o dar seguimiento por cuenta de otro, con la autorización de este, a documentos, licencias, permisos, certificaciones, registros, pagos o cualquier otro trámite ante una agencia”.

La propuesta ley no aplicará a abogados y notarios. Tampoco contadores públicos autorizados, corredores de bienes raíces, especialistas en planillas, productores de seguros, ingenieros, agrimensores y arquitectos.

El proyecto establece los pasos a seguir para presentar querellas contra gestores ante el DACO y contempla multas de entre $5,000 y $10,000 por cada violación. Además, ejercer la profesión ilegalmente se considerará un delito menos grave.