En agosto de 2025 la Administración de gobierno anunció la cancelación del contrato con la compañía S2 Services Puerto Rico, encargada del sistema de escaneo de furgones en los muelles de San Juan. La empresa ha combatido la determinación.

El gobierno ha derogado un reglamento de 2016 que facilita la salida de la empresa S2 Services Puerto Rico, que estuvo encargada del sistema de escaneo de furgones en los muelles de San Juan pero rehúsa abandonar las instalaciones públicas. 

El anuncio lo hizo el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández.

«Con este acto, y la firma, en el mes de julio, de la Ley 126-2026, acabamos con todo marco legal de un sistema que no funciona, que le cuesta millones de dólares al consumidor y que ataba a un monopolio”, dijo Aponte, quien en el mes de mayo había pedido, públicamente, la anulación del antes mencionado Reglamento. 

En agosto de 2025 la Administración de gobierno anunció la cancelación del contrato con la compañía S2 Services Puerto Rico, encargada, hasta ese momento, del sistema de escaneo de furgones en los muelles de San Juan. 

Como parte del proceso, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Noberto Negrón, envió una carta a Jonathan Fleming, presidente de S2 Services, requiriendo el cese y desista de sus operaciones dando unos 90 días para ello, Sin embargo, esa compañía no actuó acorde a la notificación.

“Reiteramos nuestro apoyo y asistencia al reclamo de la Autoridad de los Puertos en el pleito que se ha entablado en el Tribunal para forzar que la empresa salga de los predios públicos. La derogación del Reglamento Número 8837, el cual establece en un momento los parámetros y regulaciones para ese programa, es un paso importante para alcanzar ese fin. Con esa derogación, entendemos que no hay otra excusa que pueda usar S2”, añadió el también Presidente Comisión de Relaciones Federales y de Veteranos. 

El programa de escaneo se crea al amparo de la Ley Núm. 12 de 18 de febrero de 2008, mejor conocida como ‘Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria’, así como la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico).

El 7 de octubre de 2009 la APPR firmó un contrato con el gobierno para inspeccionar la totalidad de los contenedores que entran a los muelles de la bahía de San Juan.

El 15 de mayo de 2019, la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el Informe Especial número CP-19-04, donde señala que el contrato para la inspección de furgones contiene ‘cláusulas leoninas’ pues, mediante enmiendas al contrato original, se estipuló pagar a la compañía contratada una tarifa base por el 100% de los furgones que entran al puerto independientemente de que estos sean inspeccionados o no.

El 25 de agosto la Gobernadora anunció la cancelación de las operaciones del sistema.