La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, publicó ayer el informe de auditoría OC‑27‑14, del Municipio de Guaynabo sobre las operaciones fiscales y administrativas del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024. El informe presenta cinco hallazgos y tres comentarios especiales que revelan deficiencias en procesos de contratación, administración de obras, pagos y fiscalización interna.

El informe, con una opinión cualificada, indica que las operaciones se realizaron conforme a la ley en la mayoría de los aspectos, excepto por las situaciones señaladas en los hallazgos.

Puede ver el informe aquí:

La auditoría cubre el periodo del corrupto Ángel Pérez Otero y Edward O’Neill Rosa, quien llegó a la alcaldía en enero de 2022.

La auditoría señala que el Municipio realizó obras y mejoras ascendentes a $7,035,757 sin celebrar subasta pública, incumpliendo los requisitos establecidos por el Código Municipal y el Reglamento de Subastas del Municipio. Los auditores identificaron enmiendas que excedieron los límites legales sin la debida aprobación de la Junta de Subastas y sin la preparación de órdenes de cambio. La Contralora recomendó reforzar los controles para asegurar la celebración de subastas en todas las modificaciones contractuales que excedan los límites reglamentarios y garantizar la evaluación formal por parte de la Junta de Subastas.

Los auditores señalaron pagos indebidos por $458,709, debido a enmiendas con carácter retroactivo en contratos de obras y en contratos de servicios profesionales, así como la falta de informes detallados que permitieran verificar si los servicios se ofrecieron dentro de la vigencia contractual. El informe recomienda recobrar los fondos pagados en exceso, establecer procedimientos para evitar pagos retroactivos y requerir informes que permitan validar adecuadamente los servicios facturados.

Un tercer hallazgo en la auditoría documenta que el Municipio asumió costos por $369,425 y dejó de reclamar $27,006, luego de permitir el retiro de una oferta después de celebrada una subasta pública. Esta acción fue contraria al reglamento vigente y aumentó el costo de los trabajos al adjudicar la obra al segundo postor más alto. La Contralora recomendó asegurar que la Junta de Subastas cumpla estrictamente con las normas relativas al retiro de ofertas y la ejecución de fianzas.

Además, el Municipio pagó $144,570 en exceso debido a cálculos incorrectos en partidas de facturación por trabajos de construcción, particularmente en costos administrativos, contribuciones y seguros. El informe recomienda reforzar la supervisión de las facturas sometidas y asegurar que los cálculos correspondan a los porcentajes establecidos en los contratos.

Otra de las deficiencias señaladas fue la otorgación de enmiendas a un contrato de construcción sin obtener del contratista las fianzas correspondientes, dejando descubierto un importe de $2,856,918 del valor contratado. La Contralora recomendó instruir a la Oficina de Asuntos Legales para garantizar que, previo a cualquier formalización, se requieran todas las fianzas y documentos de cumplimiento necesarios.

Entre los comentarios especiales, el informe destaca la contratación de servicios profesionales de inspección y supervisión de obras con una corporación cuyo accionista tenía la licencia de ingeniería suspendida desde 2015, lo que podría constituir práctica ilegal. Además, se identificó atraso en la contratación y entrega de auditorías de estados financieros, lo cual puede afectar la disponibilidad de información crucial para la toma de decisiones y el cumplimiento de requisitos federales. Finalmente, se determinó la falta de fiscalización efectiva por parte de la Comisión de Auditoría Interna, Ética y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, al no evaluar informes relevantes de auditorías internas, externas y de monitoría federal.

La Contralora señaló que cada uno de estos señalamientos incluye recomendaciones específicas dirigidas al alcalde, la directora de Finanzas, la directora de Obras Públicas, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Legislatura Municipal, con el fin de corregir las deficiencias observadas y fortalecer el control interno. El informe de auditoría OC‑27‑14 está disponible en www.ocpr.gov.pr.