De los 62 cargos originales contra Torres Coll, 21 por apropiación ilegal, 21 por falsificación de documentos y cargos adicionales derivados de los 21 cheques, la fiscalía archivó 12 antes de someter el caso, quedando 50 cargos que finalmente fueron al juicio

Un jurado de 12 personas absolvió por unanimidad a Sara Michelle Torres Coll de los 50 cargos que enfrentaba por apropiación ilegal y falsificación de documentos, tras deliberar poco más de hora y media, según confirmó a este medio su abogada Ana González Cabrera.

El caso se originó en junio de 2024, cuando el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Bayamón y la fiscalía radicaron 128 cargos contra Torres Coll, entonces de 30 años, y contra Alberto L. Cubero Morales, de 27, a quienes se les acusó de apropiarse en común acuerdo de cerca de $48,000 mediante el hurto, endoso y cambio fraudulento de 21 cheques pertenecientes a National Engineering Inc., la empresa de suplidos contra incendios en Levittown, Toa Baja, donde ambos trabajaban.

El caso fue consultado con la fiscal Rosa Molina, y el juez Rafael Parés determinó causa en junio de 2024, imponiendo una fianza de $28,800 que los imputados prestaron.

De los 62 cargos originales contra Torres Coll, 21 por apropiación ilegal, 21 por falsificación de documentos y cargos adicionales derivados de los 21 cheques, la fiscalía archivó 12 antes de someter el caso, quedando 50 cargos que finalmente fueron al juicio, indicó González Cabrera.

Según explica la abogada, Torres Coll llevaba ocho años trabajando como secretaria y administradora de National Engineering Inc., donde manejaba efectivo, pagos y llaves del negocio junto a la dueña. Cubero Morales fue contratado en mayo de 2022, referido por un cliente conocido del otro dueño, José García, para tareas de entrega y limpieza, y trabajó en la empresa solo unos tres meses. Al regresar de vacaciones, la dueña notó que se habían cambiado 21 cheques por montos de entre $1,000 y $3,000, mayormente $2,000, que no correspondían a clientes ni empleados reales de la compañía, por un total de $48,000 en un periodo de tres meses. La dueña acudió al Banco Popular, donde una investigación bancaria y los vídeos de las transacciones mostraron que Cubero Morales había cambiado 19 de los 21 cheques personalmente, endosándolos con su nombre, número de cuenta y firma.

«Los dueños están de vacaciones y cuando llegan de vacaciones empiezan a cuadrar como siempre hacían y se dan cuenta que han cobrado unos cheques, 21 cheques, y que esa no es la firma de ellos, que ellos no tienen empleados que cobren eso. En 3 meses ya habían enviado 21 cheques, un total de $48,000», relató la defensa.

De acuerdo con González Cabrera, cuando los dueños se enteraron y acudieron a la Policía, Cubero Morales llamó primero a García pidiéndole que no lo denunciara, ofreciendo devolver el dinero. Al comparecer ante el investigador Freddie López, de la División de Fraude del CIC de Bayamón, Cubero Morales alegó que la idea y el esquema habían sido de Torres Coll, quien, según su versión, le entregaba los cheques ya firmados y llenados para que él los cambiara y le devolviera la mitad del dinero en efectivo.

La defensa sostuvo en el juicio que esa versión no resistió el escrutinio de la evidencia. Entre los puntos señalados: el primer cheque cambiado por Cubero Morales fue depositado, según documentación bancaria, en su propia cuenta por $1,500, lo que, argumentó la defensa, contradice su versión de que entregaba el efectivo íntegro para dividirlo con Torres Coll. Además, dos de los 21 cheques aparecían endosados por Cubero Morales sin que él apareciera cambiándolos en los videos, lo que la defensa planteó como indicio de que terceras personas también estuvieron involucradas.

La defensa también cuestionó la investigación policial, señalando que no se corroboró la dirección ni el número de seguro social que proveyó Cubero Morales, que no se solicitó su historial de localización telefónica para el periodo de los hechos, y que Cubero Morales se negó a entregar su teléfono y a someterse a una prueba caligráfica sin antes consultar a un abogado. La dueña declaró como testigo que en ocho años de trabajar con Torres Coll nunca faltó dinero y que confiaba en ella, incluso teniéndola como responsable de las llaves de su casa.

Como parte de un acuerdo, Cubero Morales aceptó declarar contra Torres Coll a cambio de una restricción domiciliaria sin fianza adicional. La defensa indicó que, bajo las reglas de evidencia, no pudieron impugnar su credibilidad citando su historial previo de violencia doméstica y amenazas, por no tratarse de delitos relacionados a la honestidad.

Torres Coll fue representada por un equipo de abogados que incluyó a Ana González Cabrera y Alejandro Llamado Ojeda. Tras hora y media de deliberación, el jurado votó 12-0 para absolverla de la totalidad de los 50 cargos.

Este medio no ha podido confirmar de forma independiente la versión de la defensa con el Ministerio Público, la Policía de Puerto Rico ni con Cubero Morales.