Uno de los hallazgos más significativos señala que el municipio efectuó pagos por $513,233 en exceso de la cuantía establecida en un contrato para la adquisición de asfalto recogido en planta.

La contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, divulgó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada al Municipio de Quebradillas, en la que se identificaron múltiples deficiencias relacionadas con la contratación gubernamental, los procesos de compras, la administración de documentos públicos y el control de la propiedad municipal.

Según un comunicado oficial, la auditoría cubrió el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023 en que dirigió el municipio Heriberto Vélez Vélez. La contralora emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron en conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, excepto por los seis hallazgos incluidos en el informe.

Puede leer la auditoría aquí:

“Las situaciones identificadas en esta auditoría evidencian la necesidad de fortalecer los controles internos y los mecanismos de supervisión para proteger adecuadamente los fondos públicos y garantizar la sana administración gubernamental”, expresó la contralora.

Uno de los hallazgos más significativos señala que el municipio efectuó pagos por $513,233 en exceso de la cuantía establecida en un contrato para la adquisición de asfalto recogido en planta. Aunque el contrato formalizado en septiembre de 2022 establecía una cuantía máxima de $15,000, el municipio emitió posteriormente órdenes de compra y realizó pagos que totalizaron $528,233 sin formalizar una enmienda contractual que autorizara el aumento de la cuantía originalmente pactada.

La auditoría determinó que esta actuación incumplió los requisitos aplicables a la contratación gubernamental, los cuales exigen que cualquier modificación sustancial de un contrato, incluyendo aumentos en la cuantía, sea formalizada por escrito mediante una enmienda prospectiva antes de realizar los desembolsos correspondientes.

Por otro lado, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) identificó que el municipio desembolsó $409,689 por servicios de instalación, mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire a una corporación cuyo principal oficial no poseía la licencia exigida por la Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.

La investigación reveló además que dos personas subcontratadas para realizar trabajos especializados tampoco contaban con la referida licencia. La auditoría concluyó que el municipio no verificó adecuadamente el cumplimiento de estos requisitos antes de formalizar contratos y emitir órdenes de compra.

“Los municipios tienen la responsabilidad de asegurarse de que los contratistas cumplan con todas las licencias, permisos y certificaciones requeridas por ley y reglamento antes de contratar sus servicios. Este requisito existe precisamente para garantizar que los trabajos sean realizados por personal cualificado y autorizado”, sostuvo la contralora.

El informe también señala que el municipio fraccionó el costo de trabajos de repavimentación de caminos municipales mediante dos contratos por un total de $381,215, evitando así el requisito legal de celebrar una subasta pública formal. Según la auditoría, ambas contrataciones correspondían a trabajos similares realizados durante el mismo año fiscal y con fondos disponibles al momento de la adjudicación.

No se identificó la empresa beneficiada por estos contratos de repavimentación.

La OCPR concluyó que esta práctica limitó la libre competencia y privó al municipio de la oportunidad de evaluar un mayor número de propuestas para seleccionar la alternativa más beneficiosa para el interés público.

Asimismo, los auditores determinaron que las obras de mejoras a la Plaza Pública Municipal comenzaron sin contar con el permiso de construcción requerido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El permiso fue obtenido 304 días después del inicio de los trabajos, incumpliendo las disposiciones legales y reglamentarias que exigen la autorización previa para proyectos de construcción y mejoras permanentes.

La auditoría también identificó deficiencias significativas en los procesos de compras. Entre estas, se encontró que el Municipio realizó compras por $31,868 sin obtener las cotizaciones mínimas requeridas por ley; la falta de identificación del personal que solicitó recibió y aceptó cotizaciones; y la identificación de marcas y modelos particulares en compras financiadas con fondos federales, limitando la competencia entre suplidores.

En cuanto a la administración de documentos públicos, el informe señala que el municipio carecía de reglamentos y procedimientos escritos para el manejo, conservación y disposición de documentos oficiales. Además, se identificaron deficiencias en las áreas utilizadas para almacenar documentos, incluyendo humedad, deterioro, falta de organización, insuficiente ventilación y ausencia de sistemas de protección contra incendios.

La auditoría también reveló que el municipio no realizó los inventarios físicos anuales de propiedad correspondientes a cinco años fiscales consecutivos en la mayoría de sus dependencias, situación que aumenta el riesgo de pérdida, uso indebido o desaparición de activos municipales.

Como parte de los comentarios especiales incluidos en el informe, la OCPR informó que el municipio realizó pagos por $161,719 relacionados con reclamaciones laborales y litigios presentados por empleados municipales, incluyendo una determinación emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público y un acuerdo transaccional para resolver una demanda civil.

Además, al cierre del período auditado permanecían pendientes cuatro demandas civiles contra el municipio por aproximadamente $1.13 millones, así como un caso adicional ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Entre las recomendaciones emitidas, la OCPR exhortó al municipio a recuperar los fondos desembolsados en contravención de la normativa aplicable, fortalecer los controles relacionados con la contratación gubernamental y los procesos de compras, garantizar la obtención de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, establecer procedimientos adecuados para la administración de documentos públicos y realizar los inventarios físicos de propiedad conforme exige la reglamentación vigente.

“Las recomendaciones emitidas tienen el propósito de corregir las deficiencias identificadas y tener una sana administración pública en la administración municipal para prevenir la recurrencia de situaciones similares en el futuro. La transparencia y la rendición de cuentas continúan siendo pilares fundamentales para una gestión pública efectiva y responsable”, concluyó la contralora.