“La autoridad final la tenía el secretario”, dijo.

El representante Ramón Torres Cruz, se expresó sobre los nuevos hallazgos relacionados a la liberación de Hermes Ávila Vázquez, quien una vez salió de prisión asesinó a Ivette Joan Meléndez. En una entrevista del programa NaciónZ que conduce el abogado Eddie López el representante fue enfático en aclarar que, “la autoridad final la tenía el secretario o secretaria y en una ocasión donde yo estaba en Corrección, yo no era secretario interino, yo era secretario auxiliar en ese momento, ese expediente estuvo encima del escritorio del secretario y se le denegó la salida a este señor Hermes Ávila”.

Torres Cruz aclaró que el hecho de que el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, no examinó o ignoró los expedientes del caso antes de hacer alguna imputación o tomar una determinación en el caso, “es una falta administrativa de marca mayor”.

Las respuestas de Torres Cruz apuntan a que la determinación de cancelar el contrato de Physician Correctional pudo responder a motivaciones políticas, toda vez no se ha encontrado que los médicos ni la compañía hayan incumplido las disposiciones del contrato. Durante el año eleccionario, la entonces candidata Jenniffer González Colon acogió, “el tema pues resonaba bien en el oído, recordemos que en aquel momento hubo una primaria en donde la gobernadora quería, de alguna manera, hacer un contraste bien o mal, correcto o incorrecto, contra el gobernador [Pierluisi]”, aclaró el representante.

Un informe preparado por el DCR, que fue publicado en exclusiva por Noticel, demuestra que Physician Correctional en nada tuvo que ver con la liberación de Ávila Vázquez.

La gobernadora González Colón aclaró a la prensa que Quiñones Rivera debía examinar el caso de Ávila Vázquez como secretario en funciones de la dependencia. Al nominarlo para el cargo de jefe del departamento, la gobernadora fue enfática al decir que, “por eso busque una persona que fue juez, el secretario debe hacer su análisis y ejecutar legalmente, él fue juez, él sabrá como hacerlo”.  No obstante, Quiñones Rivera no parece haber cumplido esta orden, al ignorar los informes que detallan la investigación realizada por el Departamento de Justicia, el Senado de Puerto Rico, y el propio DCR. El ignorar estos informes que exoneran a los médicos y a la empresa Physician Correctional es un “grave error, verdad, para el proceso investigativo y para la confianza que tiene que haber en los procesos administrativos y de investigación”.

El secretario Quiñones Rivera tomó la decisión de atacar públicamente a Physician Correctional a pesar de que tenía acceso ilimitado a documentos que establecían que las actuaciones de la empresa de salud no guardaron ninguna relación con la liberación del confinado. “Para mí que fue un error. Me parece a mí que poner en tela de juicio la credibilidad de un grupo de profesionales, siempre se dijo, yo creo que esto va a terminar más allá de los tribunales, en demandas de difamación y que al final del día no van a poder [cancelar el contrato]”,  dijo Torres Cruz. El legislador, quien es abogado de profesión, entendió que los elementos para un caso de difamación por parte del secretario pudieran estar presentes ya que la información difundida ha demostrado haber sido falsa, se actuó con negligencia o con intención maliciosa al ignorar los informes que exoneran la empresa, han causado daño a la reputación causándole perjuicios profesionales y las expresiones realizadas no están protegidas por inmunidad legal.

¿Recuerdas el caso de Hermes Ávila Vázquez?

Un caso de libertad irregular y un feminicidio que conmocionó a Puerto Rico.

Hermes Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de prisión por el asesinato de Celia López García cuando, en 2023, empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación le otorgaron la libertad sin mediar proceso alguno. Inicialmente, el DCR alegó que Physician Correctional, la empresa encargada de los servicios médicos correccionales había aprobado su liberación, a través de un pase extendido amparado en la Ley 25 de 1992 debido a su condición de salud de paraplejia.

Sin embargo, la revelación de un informe secreto, mantenido oculto por el propio DCR, desmintió esta versión. El documento demostró que la aprobación del pase no provino de Physician Correctional, sino que fue decisión directa e ilegal de empleados del DCR quienes permitieron la liberación del convicto. El Departamento de Justicia investigó los hechos que permitieron la salida de Ávila Vázquez y más allá de exonerar a Physician Correctional de cualquier acto de negligencia, recomendó acciones disciplinarias contra los empleados de DCR.

Una vez fuera, Ávila Vázquez comenzó a trabajar en un restaurante familiar, donde conoció a Ivette Joan Meléndez. Tras un tiempo de relación, Ávila la asesinó, motivo por el cual fue acusado y posteriormente condenado por este feminicidio que generó gran impacto mediático y social en la isla.

Durante más de dos años, el DCR y el senador José Vargas Vidot emprendieron una fuerte campaña pública de desprestigio contra Physician Correctional, pese a que se conocía que los responsables de la liberación irregular habían sido empleados del propio DCR. De hecho, en las vistas senatoriales que dirigía Vargas Vidot una empleada de DCR aceptó bajo juramento haber autorizado la salida del asesino.