El umbral será $100,000 hasta el 1 de junio, cuando entra en vigor el cambio.

A una semana de que el gobierno federal comenzara el proceso de revocación de pasaportes por deudas de pensión alimentaria de $100,000 o más, la Oficina federal de Cumplimiento de Sustento de Menores anunció una segunda fase que aplicará a alimentantes con balances de $75,000 o más, informó hoy la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la licenciada María del Mar Mateu Meléndez.
 
La nueva etapa comenzará el próximo 1 de junio, según un correo electrónico enviado por la dirección de la Office of Child Support Enforcement a los directores de las agencias de sustento de menores en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos. La comunicación federal también anticipa que próximamente podrían establecerse otras fases con balances de deuda más bajos.
 
“Estos mecanismos buscan que los padres cumplan con la responsabilidad que tienen con sus hijos y atiendan sus casos antes de que enfrenten otras consecuencias. Desde que comenzó la primera fase el pasado 8 de mayo ya conocemos de un caso en Puerto Rico de una persona cuya deuda superaba los $100,000 y que decidió ponerse al día luego de recibir la notificación relacionada al proceso federal. Esperamos que esta nueva fase motive a más alimentantes a atender sus balances y comunicarse con ASUME para orientarse y buscar alternativas de cumplimiento”, subrayó Mateu Meléndez.
 
La primera fase del programa federal comenzó con casos de personas que adeudan más de $100,000 en pensión alimentaria atrasada. Según datos de la ASUME, en Puerto Rico se identificaron inicialmente 435 casos que podrían verse impactados por la revocación de pasaportes bajo ese primer criterio federal. La administradora indicó que el personal técnico ya trabaja en la identificación de los casos que podrían entrar en esta segunda etapa de balances de $75,000 o más.
 
La directriz federal forma parte de un proceso coordinado entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y la Office of Child Support Enforcement, bajo la autoridad de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social. La normativa federal mantiene vigente el requisito de emitir notificaciones preventivas a personas con deudas mayores de $2,500, advirtiendo posibles consecuencias como la denegación o revocación del pasaporte.
 
“Sabemos que muchas personas pueden tener dudas sobre el estatus de sus casos o sobre cómo este proceso les puede afectar. Nuestro llamado es a que se comuniquen con ASUME antes de esperar una notificación federal. Queremos ayudarlos a verificar sus balances, aclarar dudas y orientarlos sobre las opciones disponibles para ponerse al día”, añadió.
 
La medida federal establece que una persona cuyo pasaporte haya sido revocado deberá atender su deuda con la jurisdicción correspondiente y esperar la validación de elegibilidad de las agencias federales antes de poder solicitar nuevamente el documento. Además, el proceso de actualización de registros puede tardar varias semanas aun después de realizado el pago.